Como ya se ha vuelto costumbre, sin trascendencia alguna del debate, el Congreso aprobó el monto del presupuesto para la vigencia 2014, lo cual puede que para el Gobierno sea una señal de comodidad, pero no para el país, sus regiones y los distintos sectores de la economía. La realidad es que resulta preocupante y frustrante que después de este ejercicio legal, se inicie una segunda etapa del trámite presupuestal que tiene que ver con la distribución de las partidas, que es la que llama la atención de los congresistas para el manejo de sus asuntos electorales.
En muchos países, como Gran Bretaña y Estados Unidos, el presupuesto es quizá la ley más importante que presenta el Ejecutivo a consideración del legislativo y sus debates son intensos y los funcionarios del Gobierno se alistan con todo para responder las inquietudes y dudas de los congresistas. Finalmente hace mérito la teoría que el presupuesto es el instrumento que concilia el manejo de la política económica con los lineamientos del desarrollo. Nada de eso pasa en nuestro país y parece no importarle a nadie, incluso ni a los centros de investigación. En las sesiones de las comisiones del Congreso, encargadas del asunto, ni siquiera se plantea la consistencia de las cifras oficiales y menos las implicaciones sobre la política económica, el impacto del entorno internacional sobre las finanzas públicas o el comportamiento de la actividad productiva interna. Dado que no se hace la tarea como debe ser, el resultado no puede ser peor. Durante la ejecución del presupuesto, comienzan a aparecer requerimientos y peticiones que no fueron incluidos de distintos sectores y el Gobierno corre a llenar huecos. La experiencia del paro campesino es elocuente y también la actitud oficial: luego de haber convencido a todos que el impuesto del 4X1.000 es antitécnico y debe acabarse luego de diez años de vigencia, se presenta un proyecto de ley que lo elimina. Ahora, resulta que dada la presión del campo, se decide mantenerlo. Entonces, se requiere una nueva Ley para revivirlo con ese propósito.
El gobierno debe ser muy cuidadoso en la agenda legislativa para evitar no solo la improvisación dado que los congresistas tienen como prioridad su campaña de reelección, sino para que no usen las propuestas con una misión mediática. Es el caso del precio de la gasolina o la idea de gravar los retiros en efectivo de los bancos con una dudosa intención de afectar los movimientos de dineros ilícitos, como si se pudiera determinar la calidad de una operación por su monto. Las políticas deben tener visión de largo plazo, sin que ello implique desconocer la coyuntura, pero lo que si parece inadecuado es solo considerar el corto plazo como el fundamento del manejo de los asuntos públicos. Es un error que se termina pagando muy caro, así se tengan éxitos políticos pasajeros.
