El presupuesto no es ley de leyes donde todo cabe

Como su nombre lo indica la Ley de Garantías busca que se respeten las garantías políticas en el país, impide que los gobernantes nacionales, regionales y locales de turno, apalanquen sus intereses políticos, se apoyen en las contrataciones públicas y se beneficien del erario público para inclinar las balanzas electorales.

Aplica para las entidades que quieran realizar contratación directa, contratos urgentes y convenios interadministrativos; esta vez regirá desde el próximo 13 de noviembre por cuatro meses buscando no afectar las elecciones al Congreso, que se llevarán a cabo el 13 de marzo de 2022. Pero la pandemia da para todo y se están cometiendo atropellos inaceptables. Las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaron en primer debate el proyecto del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2022 y suspendieron el artículo clave en la ley de garantías que le permitirá a los gobiernos departamentales y municipales contratar a voluntad.

Eliminaron el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y eliminaron la prohibición de celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos seis meses antes de las elecciones, todo un golpe de Estado, asalto a las finanzas y volverlas un botín para alcaldes y gobernadores. Yerra el Ministerio de Hacienda al dejarse manipular, o colaborar con este mico, que atenta contra las garantías.

Los altos tribunales deben estar atentos a esta jugada politiquera que busca inclinar las elecciones. Muy mal el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en esta polémica oportunidad, a quien el sector productivo le había confiado una reforma tributaria solidaria por $15,2 billones para reactivar la economía, pero que la está inclinando para los políticos, quienes no desaprovecharán la oportunidad para hacer contratos a diestra y siniestra para favorecer sus intereses de cara a las elecciones de Congreso, una elección que siempre pasa desapercibida.

Y no menos decepcionante es que el Gobierno acepte el traslado exprés en pensiones y lo incluya en el presupuesto, una jugada inédita sobre la cual la Corte debe poner sus ojos, pues es una minireforma pensional que busca favorecer intereses de unos pocos y golpea al sistema financiero en la dimensión pensional. Ese segundo mico vale unos $4 billones, dinero que debería ser destinado a la reactivación no a favorecer a unos pocos cotizantes de altas pensiones.

Es inadmisible que el Ministerio de Hacienda habilite a las personas que hayan cotizado un mínimo de 750 semanas su paso a Colpensiones abriendo un gran boquete en los fondos privados. Así quedó establecido en el artículo 104 de la ley de presupuesto que negocia el Gobierno con los congresistas; este cambio seguramente le dará mucho trabajo a las cortes y enemistará a los empresarios con el Gobierno.

Lo más contradictorio es que el Gobierno se había abstenido de emitir concepto favorable sobre una iniciativa de traslados exprés masivos entre los regímenes de pensiones que cursaba en la cámara. La pregunta es por qué cambió de parecer y de posturas técnicas el ministro de Hacienda, Restrepo, y cuáles son las motivaciones de convertir la discusión de la ley de presupuesto en un zoológico lleno de micos; máxime cuando había dado muestra de responsabilidad a la hora de argumentar la solidaridad de los impuestos.