El Presupuesto no puede ser una “ley de leyes”

Con pocos debates y en el amanecer del miércoles el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación, que establece un monto de $350,4 billones para el funcionamiento del Gobierno y diferentes entidades el próximo año. Acá destacan los montos que se destinarán a educación, con $49,5 billones; defensa y Policía, con $42,6 billones; salud y protección social, $41,9 billones, y trabajo, con $34,7 billones; siendo los ejes centrales de la política de reactivación que ha impulsado la administración actual; sin embargo, no faltaron algunos artículos que tienen más cara de micos que de una necesidad que deba ser incluida en esta ley que pasa a sanción presidencial.

Esto pasa, por ejemplo, con la Ley de Garantías, que se ajusta en el artículo 125 y que permite que las entidades como alcaldías y gobernaciones puedan celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos en periodo electoral.

La pregunta que surge es, ¿por qué en un proyecto que lo que busca es garantizar el dinero de funcionamiento del próximo año se tienen que tocar asuntos que son de tinte de una reforma electoral? Esto es solo un ejemplo de lo que suele suceder en el Congreso con proyectos como el Plan Nacional de Desarrollo, que se termina convirtiendo en una reforma tributaria y laboral, y que en muchos casos, no solo pierde su norte, sino que pone en riesgo los propios proyectos ante las posibles revisiones constitucionales que se realizan posteriormente y que después abren la puerta de la inseguridad jurídica de la que se quejan constantemente empresas e inversionistas.

Hace mal el ejecutivo y el legislativo al abrir esta puerta en la que a los proyecto les quieren colgar cuántas arandelas se requieran, más con el mal precedente del sinnúmero de leyes que ya les ha tumbado la Corte Constitucional, como ocurrió en medio de los meses más difíciles de la pandemia con varias medidas y la misma reforma tributaria que tuvo que volver a presentar por la inconformidad y complejidad de su texto.

Lo que sucede con la Ley de Garantías es además un mal precedente ad portas de una de las campañas electorales más divididas de la historia reciente de Colombia y frente a la llegada de un nuevo Gobierno, que debe tener claro que no puede pasar por la puerta de atrás discusiones claras que se deben tener sobre temas fundamentales, como por ejemplo, la reforma laboral o pensional; esta última que también se iba a ver afectada con el artículo 104 del proyecto presentado y que contemplaba el traslado exprés de afiliados de fondos de pensiones privadas hacia Colpensiones, y que hubiese tenido un costo fiscal neto de $3,8 billones, beneficiando a cerca de 19.000 afiliados de los 41.000 ciudadanos que cumplían con las condiciones exigidas en el artículo.

El Gobierno Nacional, en los pocos meses que aún tiene por delante, debe mostrar liderazgo y consciencia ante los proyectos que presenta al legislativo, evidenciando y, sobre todo, sentando las bases de que los cambios estructurales que requiere el país para superar retos como la pobreza y la desigualdad se hacen con un estudio juicioso de la realidad nacional, y además con la pedagogía necesaria para que el grueso de la población los entienda y sepa que el ejecutivo está de su lado y entiende las necesidades por las que está pasando.