El reino de la consulta previa que no avanza

Uno de los mayores avances de la sociedad colombiana son las llamadas consultas previas, una polémica figura legal abrigada como derecho fundamental que obliga al Estado a garantizar los derechos de las comunidades que dependen su subsistencia económica, preservación de la integridad étnica, social y cultural de una obra, desarrollo o avance, que incluso en la mayoría de las ocasiones los beneficia.

Este “avance” le ha permitido a los líderes de pueblos indígenas, tribales, afrocolombianos, gitanos, palenqueros y raizales, entre otros, poner precio y negociar como propios proyectos de desarrollo comunitario como carreteras, acueductos, hospitales, escuelas, distritos de riego y hasta antenas de telecomunicaciones con los gobiernos locales, regionales y el central, desencadenando una ola de peticiones que siempre terminan en marchas, paros, mingas y negligencia generalizada, que al final siempre se zanjan con subsidios y ayudas gubernamentales que permitan, a las mismas personas disminuir sus carencias, y beneficiarse.

El tema viene a colación por los términos y la narrativa con la que presentó la ministra de Energía, Irene Vélez, su versión de transición energética, que no es otra cosa que avanzar en el proceso ya iniciado de pasar de un uso de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, a otras fuentes de energías renovables como el sol, el agua y el viento, pasando por un combustible de transición que es el gas, abundante en Colombia. El plan de la Ministra es ambicioso, promete que en seis meses estará andando, y ojalá sea así, pues el país es líder en la región en este salto energético, dado que en la matriz, la fuente hídrica es la más fuerte.

El obstáculo se puede encontrar en las consultas previas e involucramiento del grueso de la sociedad en la creación de comunidades y distritos energéticos. La Ministra puede cometer el mismo error de su colega de Agricultura que habló de la compra de tres millones de hectáreas para su reforma agraria, pero se estrelló en el cuánto y el cómo, pues a sus palabras no les había hecho la más mínima matemática. Un dato para la jefe de la cartera de Minas y Energía: el retraso en la entrada en operación de Hidroituango obliga a dicho Ministerio a concentrarse en proyectos de generación en nuevas subastas por cargos por confiabilidad de unos $5 billones, pero para sacarlos adelante se chocará con las consultas previas para obtener licencias ambientales.

En la agenda gubernamental hay más de 10.000 consultas radicadas por diversos motivos, lo que ha engendrado un ejército de activistas y abogados especialistas en trasladar comunidades para oponerse a todo, eso sí, con la intención subyacente de sacarles dinero a las empresas interesadas y al mismo Estado. El crónico cambio de cronograma de Hidroituango generó 40 proyectos de generación en distintas regiones del país, pero las comunidades se oponen, y lo harán más ahora, que en la nueva hoja de ruta del gobierno se habla de reuniones, asambleas, socializaciones y la conformación colectivos cívicos en torno al tema de la energía. Puede suceder, y ojalá que no, que la Ministra se enrede en una suerte legal de reino de las consultas, que no le permitan avanzar en el sueño de hacer saltar de un país que ha vivido del petróleo y el carbón, a uno en el que el sol, el viento y el agua hagan mover las industrias.