El revolcón pendiente a la factura de la luz

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios va a eliminar la llamada opción tarifaria de las facturas de energía en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico. Lo mismo deberían hacer con el alumbrado público, la seguridad y otros costos hormiga que los consumidores no tienen en cuenta.

Lo primero es zanjar el futuro de la llamada opción tarifaria, un mecanismo que busca reducir el impacto para los usuarios, de los incrementos abruptos en la tarifa mediante la acumulación de saldos que son pagados posteriormente por el usuario a lo largo de un mayor período de tiempo. Una fórmula transitoria inventada por las autoridades del sector energético para mitigar el impacto de la pandemia en todo lo relacionado con los servicios públicos.

El pernicioso mecanismo se viene aplicando desde abril de 2020 y era bien intencionado, como el cuatro por mil de los bancos o el viejo Upac para la vivienda, pero se fue distorsionando hasta generar los estragos actuales. Lo que buscaba la opción tarifaria era morigerar el impacto para los usuarios, pero eso se olvidó.

La Súper dice que su eliminación o “esta medida preliminar forma parte de un proyecto de ley que permitirá la devolución de saldos, beneficiando a los estratos 1, 2 y 3. Con ello, reafirmamos el compromiso del Gobierno con las comunidades más vulnerables y seguimos trabajando por la justicia tarifaria”. Una acción que debía haberse ejecutado al comienzo de este Gobierno, pues el anterior no dejó ningún tipo de cronograma listo para hacer el aterrizaje de las tarifas.

Es el típico ejemplo de falta de seguimiento de las políticas públicas bien intencionadas. El Ministerio de Minas y Energía y la Creg establecieron en 2020 que los comercializadores (Enel, Afinia, Air-E, EPM, entre otros, implementaban el pernicioso mecanismo para mantener estables las tarifas de energía cobradas a los clientes; una buena manera de diferir los consumos.

Pero la llamada fase de recuperación de los saldos dejados de cobrar en periodos anteriores nunca tuvo socialización y las facturas se dispararon sin avisar. Pocos usuarios revisan a fondo el consumo real de sus familias o sus empresas, y cuando lo hacen, advierten que hay una cantidad de costos invisibles que no pueden controlar; además de la llamada opción tarifaria, está el pago del alumbrado público, una millonaria cuenta que pagan los colombianos, personas naturales y jurídicas, que no se ve en la realidad.

Uno de los mayores problemas de los pueblos y ciudades es justamente las fallas en el alumbrado público que se paga cumplidamente, pero los operarios no ejecutan un mejor servicio. Lo que debe hacer la Creg y la Súper es mirar al detalle el ejercicio de los dueños de estas empresas de alumbrado público. Pero lo más traumático es la situación de los usuarios rurales que pagan alumbrado público, que no existe porque la empresa comercializadora y las alcaldías no ejecutan el servicio.

A este costo se adiciona uno de seguridad y alguna sobretasa también en manos de alcaldías y gobernaciones que han convertido estos pagos en sofisticados mecanismos de patrocinio de políticos. El Gobierno Nacional tiene razón cuando se mete con la opción tarifaria porque dejó de ser una opción y se convirtió en una obligación, pero se queda corto con poner en cintura el alumbrado público y otros costos hormiga que drenan las empresas y las familias.