El “síndrome de minga” de los camioneros

“Síndrome de minga” es protestar para mantener o conseguir nuevos o más subsidios sin tener en cuenta que el resto de la sociedad paga por esos beneficios particulares. Los empresarios del transporte en camiones se han declarado en paro para protestar por el reajuste del precio del combustible diésel, que pasará de $11.700 a $16.000 durante el próximo año.

Será una actualización gradual de $6.000 durante varios meses. Es decir, el aumento se distribuirá en tres ajustes de $2.000 cada uno; el primer aumento será este año, el segundo antes de junio de 2025 y el tercero antes de terminar el próximo año. Un gran avance es que el incremento no se hará cada mes, como sucede con la gasolina, sino casi cuatrimestral, para que los transportadores no puedan mover los fletes con la excusa de los costos de los combustibles.

Si algo bueno tiene que mostrar el Gobierno es que ha sido coherente en los necesarios ajustes en el precio de los combustibles. Era más que urgente cerrar la brecha del precio del diésel local frente al precio internacional, el promedio en los países similares es de $15.000, mientras acá se paga a menos de $12.000.

Colombia ocupa el cuarto lugar en América Latina en cuanto al precio más bajo del galón de diésel, con un costo de US$2,79. Solo Bolivia (US$2,34), Ecuador (US$1,77) y Venezuela (US$0,01) tienen precios más bajos. Con el incremento propuesto, el precio promedio en las 13 principales ciudades del país alcanzará $15.456 (US$3,76) y Colombia descendería al puesto 12 en el ranking de precios de diésel en la región.

El gran problema que se destapa es que, con ese incremento del diésel, de $11.700 a $15.000, habrá un sobrecosto de 40% del valor declarado de los fletes que a su vez impactará los productos que mueve el comercio. La canasta familiar se puede afectar, pero aun estos costos no son reales y no hay estudios técnicos serios sobre el traslado de un diésel más caro en la inflación.

Por ahora, lo más importante es que el ajuste es urgente por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que una vez ocurra el alza será de $11,6 billones en 2024 y de $12,8 billones en 2025, una manera responsable de aliviar la carga fiscal.

Los camioneros tienen razón cuando protestan por la inseguridad y el mal estado de las vías, pero no por el alza del combustible; hay que recordarle al gremio de empresarios del transporte que mantener congelado el precio pasaba la cuenta de cobro a las utilidades de Ecopetrol, que es de todos los colombianos. En Colombia no hay alternativas fluviales ni ferroviarias que compitan con el monopolio en el transporte de carga, como existe en otros países en los que los camiones deben competir con buen servicio y bajos costos con los trenes y los barcos.

Los empresarios del transporte de carga no pueden caer en el mismo síndrome de vivir pidiendo subsidios, en este caso un combustible más barato, a costa de los demás colombianos. Pensemos que si el dinero con que se iba a subsidiar la gasolina y el diésel se va a un alivio en las presiones fiscales, el Gobierno Nacional no está en condiciones de presentar una nueva reforma tributaria.

Ahora bien, Colombia es un país de mucha informalidad, incluso en el transporte de carga, que debe empezar a pagar impuestos para que la carga tributaria no siempre esté en los mismos de siempre. Solo con conciencia y claridad social se avanza en el progreso.