El presidente, Gustavo Petro, puso el tema más crucial de la próxima campaña electoral desde el mismo 7 de agosto de 2022 cuando se posesionó y le cerró las puertas a los nuevos contratos de exploración petrolera, además de arremeter en contra de todas las actividades extractivas, incluido el gas.
Los últimos dos años han sido muy malos para el sector minero energético de Colombia, no solo por la adversidad en términos de políticas públicas, sino por el desgreño en que se encuentran las instituciones rectoras y las asimetrías de los jugadores del sistema de combustibles que mueve la economía colombiana. Son todo un calvario los últimos meses del sector: los cambios en la alta gerencia de Ecopetrol y las malas cifras comparativas; el desabastecimiento de gas; el impacto en los embalses del Fenómeno del Niño; la intervención de Air-e en la costa Caribe, y lo que no es menor, el mal momento de Reficar que no contaba con planes de contingencia para superar un corto circuito, además de protagonizar otro desabastecimiento de gasolina para aviones.
A todo este mal panorama se puede sumar el paro camionero por las subidas del diesel y el reajuste de la gasolina, factores que también han enrarecido el panorama. Son muchos los funcionarios que han pasado por el sector durante los últimos años; casi una docena de viceministros y un puñado de ministros que no han sabido sortear la demanda cada vez mayor de combustibles.
Colombia no tiene grandes proyectos energéticos a corto, mediano ni largo plazo, el mismo Presidente ha dicho que Hidroituango y El Quimbo nunca debieron hacerse porque fueron proyectos en contravía de las comunidades o de espaldas a sus teorías sobre el calentamiento global. Ideas son ideas, pero necesidades son necesidades. Colombia necesita más proyectos de alto calado e impacto en términos energéticos, además del desarrollo de proyectos reales (no sueños) eólicos y solares.
Es contradictorio el Presidente cuando habla de la reindustrialización de la economía, pero al mismo tiempo denigra de la generación eléctrica renovable como son las hidroeléctricas. Colombia no puede ser una potencia de nada sin electricidad; los 14 millones de familias no pueden mejorar su calidad de vida sin tener energía; el Gobierno Nacional olvida que unas tres millones de familias todavía cocinan con leña, que talan árboles para calentar un café.
La realidad es que el gas es la verdadera bisagra de la transición energética, que más colombianos deben tener acceso a este combustible barato en términos de mercado local e internacional y que el territorio sí tiene cómo ser autosuficiente, pero con voluntad política que lidere proyectos como la Regasificadora del Pacífico o la verdadera puesta en producción de la vieja Uchuva en el Caribe.
El Departamento Nacional de Planeación debería no ser inferior al reto de su nombre y planear a largo plazo nuevos grandes proyectos de generación eléctrica; toda la costa del Pacífico nariñense, caucano y vallecaucano tiene una riqueza hídrica por desarrollar, que no solo traería la región más violenta y pobre de Colombia al siglo XXI, sino que la convertiría en una potencia energética de exportación. El debate presidencial que se avecina debe tener como epicentro el desarrollo y el bienestar de todos los colombianos, con proyectos reales con cronograma, no con sueños y utopías.
