Error y acierto en el precio de la gasolina

El Gobierno Nacional ha sido acertado en la decisión de aumentar gradual y mensualmente el precio del galón de gasolina, pues las finanzas públicas no pueden continuar con un déficit anual superior a los $30 billones, producto del subsidio a los combustibles. Si bien es una medida impopular, que desata protestas e inconformidad, es una decisión responsable desde lo fiscal, que debe alejar la posibilidad de una nueva reforma tributaria.

El peso de la gasolina en la variación de precios es menor que el del Acpm, combustible más usado en los vehículos de cara y de pasajeros, precio que aún no se ha tocado y que debería mantenerse congelado por unos meses más. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles tiene su origen en la necesidad de matizar la diferencia entre los precios internacionales y los precios nacionales; funciona pagando a los productores e importadores dicha diferencia.

La idea es atenuar en el mercado el impacto de las fluctuaciones que los precios de los combustibles tienen en los mercados internacionales. En la teoría de los técnicos del Ministerio de Hacienda el fondo funcionaba, pero no en la realidad política de los últimos gobiernos y la “noción de que sería fiscalmente neutro en el mediano plazo, es decir, que los años que generaran déficit se compensarían con aquellos que generaran superávits”, no se dio, y en momentos de altos precios internacionales, los precios nacionales no han subido al mismo ritmo debido a distintos factores, desde contextos inflacionarios hasta coyunturas sociales delicadas como el covid, y las autoridades económicas decidieron que era necesario hacer un cruce de cuentas del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles y los dividendos de Ecopetrol, para mantener la ilusión tecnócrata de que la fórmula funcionaba, cosa que era totalmente falsa.

El Gobierno no le ha jugado a esta solución para que verdaderamente los consumidores de gasolina paguen el precio justo del combustible (Colombia tiene el galón más barato de región después de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina) y que las utilidades petroleras se destinen a otras cosas, al menos para ahorrarse una o dos tributarias en los próximos años. Pero como siempre alzas de los combustibles generan explosión social, ahora el Gobierno puede borrar el acierto de subir los precios de la gasolina echando a andar la obtusa idea de implementar una tarifa diferencial en el precio de los combustibles para los conductores de taxi. ¿Se imagina la fila de taxistas comprando combustible barato para revenderlo? Y olvidando que ese diferencial nunca se podría eliminar. Se crearía un mercado negro de gasolina barata para los taxistas amarillos, quienes se la venderían a los de Uber o a los particulares estableciendo nuevas mafias.

Todo un error en que puede caer el Gobierno por temor a enfrentar los problemas con la verdad. La medida funcionaría a través de un posible congelamiento en el aumento de la gasolina para reducir el impacto del alza para los taxistas. Hay otros caminos más realistas y efectivos: enfrentar el problema del “taxismo” con la urgente reglamentación de las plataformas tecnológicas, trabajando con los empresarios de taxis para que les paguen seguridad social y los vinculen a la formalidad, pero sobre todo haciendo que el modelo de negocio sea menos leonino con los verdaderos transportadores.