Es el momento de hacer algo contra la evasión

Colombia es un país en donde los que pagan impuestos siempre son los mismos. Todas las reformas tributarias toman el camino fácil y se enfocan en hacer tributar más a los crónicos contribuyentes, por lo general empleados y empresas formales.

Los declarantes de renta no pasan de 6 millones de personas, de las cuales solo la mitad paga algún monto; en el universo empresarial no se llega ni a dos millones de empresas: 1,5 millones son micros; 100.000 pequeñas; 25.000 medianas y unas 8.000 grandes. Visto de otra manera, un trabajador formal colombiano necesita 195 días de los 365 del año para pagar impuestos, es decir, 54% del total anual de las jornadas se le va en pagar los tributos al Estado.

Y desde la óptica empresarial, la carga tributaria que soportan los empresarios locales es la más alta entre los casi 40 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, con un cobro sobre la renta de 35% (sin exenciones). Son datos elocuentes que demuestran que la carga tributaria está en manos de unas pocas personas naturales y jurídicas, y que en la actual coyuntura de caída en la tributación es imperativo que la Dian -en lugar de pensar en otra reforma tributaria- avance en un plan serio contra la evasión de impuestos y una estrategia de formalización de la economía.

La evasión siempre ha sido el hueso duro de roer por parte del Ministerio de Hacienda y en la última reforma tributaria fue un tema olvidado. Se estima que unos $60 billones se llevan los evasores. En IVA hay una evasión de 25%, en renta de 40%, y en contrabando se calcula en más de US$8.000 millones anuales.

Más de 100.000 contribuyentes le adeudan $3,5 billones al Estado, situación que se explica por el bajo crecimiento económico, la lenta recuperación de algunos sectores y por la ola de inseguridad en varias regiones, lo que no permite que los negocios florezcan o las personas progresen. Pero lo real es que en Colombia no hay una cultura tributaria madura. Por ejemplo: los presupuestos nacionales son procedimientos legales que por lo general se hacen a puerta cerrada y que nadie entiende.

Distinto ocurre en otros países desarrollados, en donde los ciudadanos saben de cuánto dinero se dispone para hacer obras y cómo se obtiene el dinero para al Presupuesto General de la Nación. Según los cálculos de Fedesarrollo, en abril se registró la mayor caída del recaudo tributario desde 2010; disminución de 10%, ya en mayo las cosas mejoraron, se recaudaron $30,26 billones, lo que representa un aumento nominal de 17,8% y real de 11% si se compara con el mismo mes de 2023.

Seguramente, al cerrar el primer semestre del año el recaudo se haya compensado un mes con otro y el panorama no sea tan mediocre como se evidenció en el primer trimestre, pero esa no debe ser la constante en un país que necesita financiar un presupuesto general de más de US$110.000 millones para atender las necesidades de inversión y desarrollo.

La pregunta que se le hace al Ministerio de Hacienda es por qué la entidad le ha huido siempre a avanzar contra la evasión para que no siempre tenga que ejecutar tributariamente a los mismos contribuyentes. Se habla mucho de bancarizar a los consumidores para que tengan más beneficios y accedan al crédito, pero nunca se habla de “tributarizar” a la sociedad para que haya más conciencia de que hay que aportarle al país para poder exigir.