Falta de vigilancia agravó al sector salud

La Ley 100 que reformó las pensiones y la salud en 1993 tenía muy buenas intenciones en su origen; en pensiones se cometieron errores que poco a poco se fueron arreglando desde entonces, aún con varios pendientes; pero en el capítulo de salud nunca se reglamentó y los funcionarios de los gobiernos de turno dejaron que esta tarea la hicieran las tutelas.

El país de finales de los noventa y bien entrado el siglo XXI carecía de una institucionalidad fuerte. Desde entonces la Superintendencia de Salud, creada en 2000, la entidad de vigilancia y control fue capturada por senadores y representantes que encontraron allí un botín sin Dios y sin ley que sólo ahora está haciendo metástasis. Las secretarías de salud pública se convirtieron en oficinas rentables en burocracia y en trampas; servicios hospitalarios y clínicos, cobrados pero no existentes, tutelas millonarias, medicamentos sobrevalorados, hasta recursos del sector fueron llevados a las pirámides.

Todo eso y mucho más se daba en la salud pública y privada que desde entonces se convirtió en una auténtica Cueva de Rolando. Era grotesco que los funcionarios clave de la SuperSalud pasaran a las clínicas, a la EPS y a las farmacéuticas sin ningún rubor saltándose los mínimos de inhabilidades. Todo esto sucedía a la sombra de la figura cómplice de la Procuraduría o la Contraloría que estaban más preocupadas por otros asuntos políticos.

Muchos actores en el sector de la salud son culpables del desgreño en que ha vivido el sector que sólo genera problemas y escándalos, pero en particular son todos los gobiernos, ministros y superintendentes que dejaron crecer el problema. Por todo esto es un gran avance que la Procuraduría en manos de Fernando Carrillo, haya abierto investigación disciplinaria contra Norman Julio Muñoz, superintendente de Salud, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, al permitir y/o autorizar el inicio de las operaciones de Medimás EPS, el 1 de agosto de 2017, sin que contara con una red que soportara adecuadamente el servicio en el país, incumpliendo con los requisitos para la autorización de su funcionamiento o habilitación.

Pueda ser que el funcionario demuestre que actuó bien, pero es sólo el comienzo de un gran ejercicio de investigación para encontrar los responsables de mantener este sector en el caos permanente donde muchos se lucran y hacen negocios. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal también investiga por qué a pesar de la existencia de incumplimientos en la prestación de los servicios de salud, deficiencias que daban lugar a la intervención forzosa administrativa, toma de posesión, revocatoria o suspensión del certificado de autorización o de habilitación de funcionamiento por parte de la Supersalud. Medimás EPS o SaludCoop son solo dos nombres de un rosario de empresas con líos que salen a la superficie cada año y medio sin que exista una institucionalidad seria que le ponga un torniquete a este desangre.

La realidad caótica de la salud en Colombia siempre se encubre con datos magnificados de cobertura creciente, pero se olvida que es un sector muy desorganizado que carece de vigilancia profesional; las EPS no dan cifras, las prepagadas no mejoran la calidad versus el costo y la salud pública masiva tiene tiempos de atención que rozan con la tortura.