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Colombia debe garantizar a los consumidores pleno suministro del llamado combustible de la transición, el gas, pero es incoherente comprar si existen posibilidades en el país
No es un cliché ni nada infundado decir que la matriz de generación eléctrica local es la sexta más limpia del mundo, a la luz de los datos que maneja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde. Cerca de 70% de la capacidad instalada es de fuentes renovables de energía eléctrica, en las que se incluye las hídricas, pero tras ese buen hecho, los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), aún tienen importancia en el mercado, no solo por la dependencia de algunos sectores económicos que buscan bajos precios para poder producir barato y exportar, sino porque el carbón, por ejemplo, es el distribuidor de los precios en el mercado energético. Y lo cierto es que las reservas de todas esas fuentes no renovables se están agotando a pasos agigantados, máxime con la posición ideológica del Gobierno Nacional de frenar las exploraciones con el objetivo de no contribuir al calentamiento global.
Es solo mirar los datos de las reservas petroleras y de gas anunciados por Ecopetrol la semana pasada, en el marco de su preparación para la gran asamblea de marzo, y se observará que no hay una política pública clara a la hora de garantizar más gas y petróleo para la próxima década.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, habla de reservas probadas de gas de 2.817 giga pies cúbicos, mientras que la producción comercial anual es de 392, lo que da como resultado unas reservas probadas de siete años con tendencia a la baja; el consumo de gas está aumentando, pero el Gobierno Nacional no hace nada por crecer la exploración y explotación; lo mismo ocurre con el petróleo, en eso ha sido coherente con su pensamiento ideologizado y con las políticas públicas que diseña.
Los ministros de Minas y Energía que han pasado por dicha cartera en esta administración no tienen un discurso claro sobre el gas y petróleo nacionales, al tiempo que anuncian que se va a importar gas de Venezuela, actitud más incoherente aún cuando el calentamiento global es de todos los países; una suerte de “no comprar estupefacientes en la cuadra del barrio, para contrarrestar la drogadicción, pero sí ir a otra ciudad a proveerse”.
Más allá de la incoherencia, puede haber una decisión responsable, pues el Gobierno a través de Ecopetrol le comprará el combustible proscrito en Colombia a la vecina Venezuela, bajo el argumento de que primero está el beneficio de los consumidores colombianos, algo así como gas es gas y lo necesitamos. Es un hecho elocuente que la caída de las reservas, pasar de ocho años a siete entre 2021 y 2022, es algo que preocupa en diferentes sectores productivos y académicos, y que ahora hay una realidad de mercado que tratará de solucionarse desde Venezuela, que es uno de los países con mayores reservas en el mundo.
Ojalá Ecopetrol logre negociar a buen precio el combustible de la transición energética y las relaciones binacionales empiecen a equilibrarse; no se puede olvidar en ese orden de ideas que la administración castro-chavista está sancionada por varios gobiernos e instituciones internacionales de vigilancia y control, por tanto, Ecopetrol debe ser cuidadosa con esos negocios, así sean necesarios para garantizar el suministro colombiano. No es claro ni coherente el manejo de la política energética colombiana en materia de gas y de petróleo, eso es un hecho, lo importante ahora es no llegar a una situación de desabastecimiento.