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El Estado está obligado a defender los indígenas y cubrir los daños causados. Pero también debe cuidar a Ecopetrol.
El oleoducto Caño Limón-Coveñas lleva más de un mes paralizado y por ende las exportaciones de crudo procedentes de esa región. Según los reportes, luego de siete horas de reunión entre delegados del Gobierno -dos Ministros y el Presidente de Ecopetrol- y los indígenas U’wa no se logró un acuerdo que permita el acceso de los técnicos para la reparación del tramo del tubo que fue volado por la guerrilla, en Toledo, Norte de Santander el 25 de marzo. Alrededor de 8.000 indígenas, que habitan un resguardo de 20.275 hectáreas y que alcanza parte de los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, impiden el acceso y exigen la entrega de todos sus territorios ancestrales, la cancelación de proyectos petroleros en esas regiones y un resarcimiento de más de US$1.000 millones por el impacto ambiental, social y cultural a su etnia, entre otras demandas.
La justificación para que no se repare el oleoducto es que dicen que cada vez que hay un atentado terrorista en la zona, el crudo derramado contamina sus fuentes de agua y la tierra, lo cual es cierto, pues esas acciones demenciales causan daños graves al ambiente, pero resulta extraño que los nativos cuestionen al Estado como el responsable del daño y no a los grupos ilegales que cometen esas acciones. Dentro del pliego, los líderes indígenas solicitan medidas urgentes para garantizar la preservación de su cultura, del agua y del ecosistema del noreste del país afectado por la industria petrolera y por la militarización de su territorio, con lo cual nadie puede estar en desacuerdo, pese a que la presencia de la fuerza pública tiene como objetivo precisamente es que sujetos extraños no se metan a la zona y cometan ilícitos, asunto que los indígenas demuestran no poder garantizar.
Los indígenas consideran que la industria petrolera “atenta directamente contra la paz, la tranquilidad, el equilibrio social y ambiental del territorio ancestral y del resguardo legalmente constituido”. Ni siquiera merece discusión el tema, porque sencillamente no es cierto, pues por el contrario, solo la explotación del recurso permitirá que la comunidad no siga viviendo en la miseria en que se encuentra hoy y los niños tengan futuro sin que pierdan su identidad.
El Estado tiene que apoyar para que las organizaciones terroristas respeten el territorio y reparar los daños, pero no negociar la desviación del oleoducto que pasa por el resguardo. El Ejército debe garantizar la tranquilidad y protección de los nativos, incluso con una veeduría civil, como lo han planteado.
El oleoducto Caño Limón-Coveñas tiene 770 kilómetros de longitud y es propiedad de Ecopetrol, empresa en la que el Estado es dueño de 90% y más de 500.000 colombianos tienen acciones. Es obligación del Estado reparar el tubo para proteger a los nativos y para ello no hay que pedir permiso.
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