Hay que modernizar el debate del mínimo

Una manera de garantizar el ingreso constante de las familias es aumentar su fuente de recursos cada año, ajustando al alza el salario mínimo, acción que solo aplica para las personas que son empleadas formalmente. Desde hace más de dos décadas la fórmula para hacer ese ajuste parte de la una mesa de discusión tripartita, conformada por gremios, sindicatos y el Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, que acude como árbitro. Casi nunca se ponen de acuerdo, por lo que el Gobierno de turno debe fijar el incremento del salario mínimo por decreto. La fórmula aplicada para ponerse de acuerdo no ha funcionado, pero es la mejor si se valora desde la economía. Se trata de sumar los pronósticos de la variación de precios, inflación, para el próximo año, es decir entre 3% y 4%, según el Banco de la República; con uno o dos puntos de productividad que mide Planeación Nacional con cifras del Dane, lo que da más o menos, 5% o 6%. Todo depende la cifra de inflación esperada que desde hace varios años es la misma. Las centrales obreras, que con sus casi 250.000 afiliados, representan a una masa laboral (formales e informales) de casi 22,7 millones de personas, sacadas a su vez de una población económicamente activa de 25 millones. No es una discusión fácil, pues el dato de incremento afecta toda la economía, no solo vía salario, sino ajuste de precios a todos los productos y servicios. Funciona de manera automática, en enero suben los precios un punto y medio, casi dos, por encima de los del años pasado.

Si observamos, es una discusión relativamente sencilla porque la inflación pasada o proyectada para este 2018 y 2019, es casi la misma y no hay mucha discusión, pero si hay una expectativa de mayor variación en el índice de precios al consumidor, las cosas son a otro precio. Este año hay tres elementos nuevos que entran en el juego del ajuste del mínimo: la fuerte devaluación cercana a 5%; la expectativa de IVA de 18% para todos los bienes y servicios, más un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que pide una alza mayor del salario mínimo para aumentar el ingreso de las familias, de tal manera que consuman más, vía mayores ingresos. Para los ortodoxos todo lo anterior es inflacionario y una lamentable resurrección de la inflación es el peor de los impuestos y siempre le pega a los sectores de menores ingresos. Lo correcto es llegar a un acuerdo razonable que a todos beneficie, pues el pago de la nómina en las empresas también entra a jugar en esa decisión, que debe ser más técnica y racional que política. Los empresarios colombianos, el grueso del sector privado, que es el que más empleo genera y carga con la mayoría de los impuestos, está en el tope de los costos que le impiden ser competitivo en el exterior, es decir para exportar sus productos y servicios. No sobra recordar que el salario mínimo colombiano es uno de los más altos de la región en dólares, situación que ha jugado en contra del aprovechamientos de los tratados de libre comercio que tiene firmado el país y que actúa como barrera de entrada para la llegada de nuevas inversiones en plantas.
Como casi todo en Colombia, el debate del salario mínimo debe modernizarse, incluso cambiarle de nombre porque siempre que se discute por un mínimo, la tendencia es al alza, olvidando regiones, sectores o si se debe fijar por horas, días o meses. Hay mucho por mejorar.