Inhabilidad, participación y ejecución

Como ocurre siempre, la coyuntura electoral introduce elementos de debate que en otros momentos no se consideran, atizados con la posibilidad que el Presidente aspire a la reelección. Sin duda que este último asunto, en el que el país no tiene mayor experiencia, requiere unas reglas de juego no solo blindadas legalmente sino transparentes y que no dejen la mínima señal de parcialidad o favorecimiento en la toma de decisiones a favor de determinados sectores políticos.

A eso se está exponiendo el Presidente, y el país espera que el manejo del proceso electoral brinde garantías plenas a quienes participan en la contienda y el gobierno, y en particular los recursos públicos, no sean utilizados en la campaña reeleccionista. Sin duda que es muy difícil trazar la línea que divide la acción normal de gobierno de la proselitista que pretende obtener réditos electorales. Hay otro asunto que merece mayor atención y es el que tiene que ver con las inhabilidades e incompatibilidades de los ministros y altos funcionarios del Estado.

Ciertamente, de nuevo aparece la proximidad de las elecciones para que algunos grupos, especialmente de la oposición, quieran hacer proselitismo o paralizar la gestión oficial, pero tampoco hay que permitir que algunos miembros del gabinete tengan que dedicar su tiempo no a solucionar problemas de sus carteras sino a defenderse de actuaciones anteriores que limitan su acción de gobierno. Los casos más controvertidos son los de los ministros de Agricultura y Minas, quienes ocuparon previamente altos cargos en el sector privado en las respectivas áreas que hoy manejan y en ese orden deben tener cuidado y responsabilidad, que seguramente no están contenidas en las normas, pero sí en el código de ética que los debe guiar.

La medición no es un asunto de porcentaje en los impedimentos que lo inhabilite como ministro, pues es evidente que la contundencia de un solo hecho puede afectar las acciones de un ministro. En este sentido debe haber una vigilancia y apoyo de los organismos de control. Sin embargo, tampoco hay que exagerar. El Ministro de Minas no puede declararse impedido para discutir el proyecto de fijación del precio de los combustibles y luego tener dentro de sus funciones la aplicación de la norma. Sencillamente es un tema de política general que no beneficia a nadie en particular, inclusive ni a Ecopetrol, empresa de la que el Ministro fue miembro de la junta directiva y que lo seguirá siendo como parte del gobierno.

Lo mismo sucede con el Ministro de Agricultura, nombrado en un momento clave para el campo, pero con serios cuestionamientos frente a las políticas públicas que debe aplicar. Hay mucho más ruido en el gabinete que esperanzas de que ejecuten obras.