Insolidaridad de Panamá para con Colombia

Quienes se mueven en los temas de política internacional dicen, con una dosis de ironía, que “los países no tienen amigos sino intereses”, una frase atribuida a Henry John Temple, pero que hizo famosa el general Charles de Gaulle. Con ello, los críticos de la diplomacia no la consideran como un servicio al bien común, sino como la defensa de los intereses de unos países sobre los otros, así los perjudiquen.

Lo que le está ocurriendo en las fronteras colombianas, en particular en la de Panamá, puede asimilarse en buena parte a esa máxima de la diplomacia, pues es evidente la insolidaridad de otros gobiernos para enfrentar un problema que no es de nuestro país, con mayor énfasis la indiferencia del mandatario panameño, quién decidió unilateralmente cerrar la frontera terrestre y dejar que Colombia asumiera el manejo de los ciudadanos cubanos y haitianos que llegan al país no con la idea de quedarse aquí sino hacer tránsito hacia Estados Unidos. Hasta donde se sabe, el gobierno mexicano tampoco quiso facilitar el paso hacia su gran vecino. Triste gesto, sobre el cual organismos como la OEA han guardado silencio.

Sin embargo, las relaciones con Panamá trascienden el tema humanitario en la frontera y tienen dimensiones que deben ser objeto de un estudio cuidadoso entre los dos gobiernos para enfrentarlas de una vez por todas y encontrar soluciones que se han ido aplazando durante ya bastante tiempo, con la claridad de que las dificultades no nacen totalmente del lado colombiano, sino que son el resultado de la estructura misma que tiene el vecino país.

La más reciente controversia nace de la utilización de Panamá como centro de origen de mercancías que no se producen allí, sino que son importadas hasta sus puertos y luego reexportadas hacia nuestro país, en una maniobra que el gobierno nacional califica de competencia desleal. Mercaderías como calzado, textiles y prendas de vestir procedentes del oriente del mundo y que son introducidas por Panamá están haciendo un gran daño a la industria colombiana, motivo por el cual se ha fijado un arancel, que la OMC ordenó eliminar en un proceso que implica un acuerdo entre ambos países. Mientras se logra ese convenio, Colombia ha decidido mantener la medida. 

La reacción de Panamá no se ha hecho esperar y ha decidido castigar con un arancel a productos colombianos como flores, cemento, carbón y ropa, aún sabiendo que ya se ha instalado un árbitro de la OMC para que fije los plazos y el mecanismo para el fin del arancel mixto colombiano, sobre el que nuestro solo ha pedido un plazo prudencial. 

Lo anterior ratifica que la actitud del gobierno del vecino país no es conciliadora sino retaliatoria y quiere obtener todo a cambio de nada, como es el caso del manejo indiferente de las cuentas de colombianos, denunciado en los llamados “papeles de Panamá” o de su insolidaridad con el problema de los cubanos.