Colombia debe tener como meta mega lograr un monto de inversión extranjera directa superior a los US$20.000 millones anuales, una cifra que es superior en unos US$3.000 millones al monto ordinario en un país no tan convulsionado en lo político y lo económico. Alcanzar el monto mencionado como mega tiene tras de sí toda una batería de acciones que debe lograr la administración Petro. La primera y más importante es darles seguridad jurídica a las empresas para seguir invirtiendo, pagando impuestos y generando empleo; lo segundo es la seguridad tributaria, que tiene que ver con que no se cambien los impuestos cada 24 meses, lo que le representa al modelo de negocio puesto a andar muchos traumatismos que reordenan sus cálculos. Y lo más importante es seducir a nuevos inversores que hoy son atraídos por otros países con menos impuestos, mayor seguridad, pero, sobre todo, condiciones integrales para que sus capitales prosperen. La llamada IED, que contabiliza el Banco de la República es la más baja de las últimas dos décadas, midiéndola proporcionalmente, lo que quiere decir que Colombia no está atrayendo inversiones externas y mucho menos locales. No solo por la alta carga tributaria para las compañías locales, sino porque a los externos no se les ofrece ningún tipo de garantías. Colombia cuenta con una docena de tratados de libre comercio y no son utilizados como plataforma para atraer capitales externos. Lograr que empresas no colombianas se establezcan en Colombia para producir y lanzar productos y servicios para Estados Unidos, por ejemplo, no se ha podido, en parte, porque no hay políticas públicas en ese sentido, pero en mayor medida porque hay desprecio por el sector privado o productivo. Los países emergentes compiten por los mismos inversionistas que hoy obedecen a una nueva geografía y a renovados intereses geopolíticos. Siempre el socio inversionista de América Latina ha sido Estados Unidos, pero de un tiempo para acá, capitales chinos, de India o de la cuenca del Pacífico han ido ganando espacio, con mayores limitaciones en Colombia, pues es tradicional estar de espaldas a seducir inversiones. Hace varios años que ProColombia dejó de ser una entidad enfocada en atraer inversiones para convertirse en un fortín burocrático que ha destruido conocimiento e inteligencia de mercados. Lo primero que debe hacer el Ministerio de Comercio es rediseñar ProColombia para que recupere su papel en la deducción de inversores y que esos US$20.000 millones sean una realidad. La inversión extranjera no tiene ideología ni debe ser satanizada. Hasta los países más ultras pretenden darles garantías a los capitales externos para que los crecimientos económicos inorgánicos se den. No es solo dinero, son transferencias tecnológicas, es innovación y desarrollo. No puede instalarse en el Gobierno Nacional un desprecio absoluto por el dinero que proviene de otros países, independientemente del sector económico donde lleguen. Es verdad que el dinero que llegaba a minas y petróleo es asumido por este gobierno como “inversiones tóxicas”, decisión que no se comparte, pero hay otros sectores sobre los cuales no se trabaja, como la agroindustria o las energías renovables. Es grave, muy grave, que Colombia sea un territorio hostil para las inversiones externas por el constante cambio de reglas.
