La Caja de Pandora de las curadurías

No todos los curadores urbanos han incurrido en hechos de corrupción, como tampoco todos los notarios o los jueces. No se puede generalizar una descalificación hacia una labor profesional. Pero es en estos momentos en que es necesario repensar, analizar y poder aconsejar sobre los roles y funciones de los curadores en los diferentes lugares del país.

La tragedia del Edificio Space en Medellín se ha convertido en la piedra angular para empezar a pensar quién ronda a los curadores urbanos. Llama la atención que el curador del complejo habitacional tuviera propiedades dentro del inmueble en el cual prestó sus servicios. Y tal como lo ha dicho el constructor implicado en el insuceso, hubo negocios entre quien expidió la licencia y la empresa que la explotó comercialmente.

De lejos, aplica la expresión popular que reza que no todo lo legal es ético. Y la situación abre la polémica sobre un asunto del cual se habla en los pasillos empresariales. El papel de los curadores está en tela de juicio como alguna vez estuvo el rol de los interventores en las grandes obras de infraestructura. La labor de las curadurías surgió como una solución al represamiento de licencias para construir durante la mitad de la década de los noventa. A partir de ese momento, la actividad de los curadores se profesionalizó y se organizaron en colegios a los cuales acudían las oficinas de planeación municipal para contratar sus buenos oficios.

Los personajes no son funcionarios públicos, pero sí cumplen funciones públicas y, como tal, son objeto de investigaciones disciplinarias. No hay una superintendencia que tenga la obligación de vigilar las cuentas y los negocios de los curadores, tal como sucede con las empresas, los bancos e incluso los mismo notarios. Quizá sea el momento de preguntarle a los mandatarios y corporaciones locales y regionales si esa función debe volver a las oficinas de planeación para evitar que sean negocios de particulares los que determinan el rumbo de las construcciones. Hay muchas quejas en contra de curadores que niegan licencias por razones no muy claras y aprueban otras en condiciones similares.

Es urgente que se revise a fondo quién vigila a las curadurías y si es el momento para repensar su labor en una coyuntura en donde los planes de desarrollo son ciertamente la hoja de ruta de los empresarios, especialmente los del sector de la construcción.  Son unos 70 curadores en todo el país que tienen que encontrar la forma de sobrevivir económicamente a través de la aprobación de licencias y todos sabemos que hay mucha corrupción e intereses políticos en esos estudios. Sea este el momento para preguntarse si en las licencias de construcción hay toda una Caja de Pandora que no queremos abrir.