Hace un par de semanas, Colombia perdió un importante pleito con la multinacional española, Telefónica, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi. Los españoles demandaron al Estado por $1,08 billones por la reversión de activos en el negocio de la vieja Telecom.
Pero de impuestos nacionales, los colombianos tendrán que pagarle a los españoles US$380 millones, casi $1,7 billones que había pagado la multinacional por una reversión de activos. Una disputa en las mismas condiciones la había ganado el Estado colombiano hace cuatro años contra los mexicanos de Claro. Justamente, para evitar esos bandazos legales en materia de protección de los intereses nacionales, en 2011 se puso a andar la Ley 1444 que modernizó la estructura de la administración pública y creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como una Unidad Administrativa Especial, descentralizada del orden nacional, con personería jurídica y autonomía.
La idea era frenar el desangre de las arcas nacionales con demandas de todo tipo. Liderar la defensa jurídica de todos los colombianos “en procura de la protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, en las actuaciones judiciales de las entidades públicas, con el fin reducir la responsabilidad patrimonial y diseñar las estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional”.
La Agencia forma parte de gobierno de turno al estar adscrita al Ministerio de Justicia; debe “diseñar y proponer estrategias, planes y acciones de resolución de conflictos y participación en procesos judiciales. Coordinar la defensa jurídica del Estado. Desarrollar, implementar y administrar el sistema Único de Gestión de Información. Poder para intervenir y participar en las conciliaciones, en el Trámite Arbitral y de amigable Composición y asesorar los procesos de defensa judicial de los municipios de 4ª, 5ª y 6ª categorías”.
Lo más importante es que “administra el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado que administra la información relacionada con la actividad litigiosa, interna e internacional, del Estado el cual es utilizado y alimentado por todas las entidades y órganos estatales del orden nacional cualquiera que sea su naturaleza jurídica”.
En escena, el país cuenta con una buena estrategia de defensa jurídica en el largo plazo que ha dado resultados positivos algunas veces, pero el constante cambio de directores y apoderados de casos representativos han vuelto vulnerable al país y poco a poco la Agencia se convierte en un escampadero de abogados que gozan de grandes prebendas sin que nadie les pida resultados positivos.
Como debe pasar con la SuperFinanciera, la SuperSociedades, la SIC, el Dane, la Dian y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, los cargos directivos deben trascender administraciones para que la puerta giratoria no se vuelva costumbre y haya una construcción real de instituciones, tal como se pide a gritos por estos días.
La Ocde ya lo aconsejó hace más de una década, para que el país pueda construir institucionalidad debe darle continuidad a ciertos cargos en ciertas entidades, de tal manera que cada cuatro años no lleguen nuevos funcionarios a documentar sus trabajos futuros, por aquello de las puertas giratorias.
