La corrupción anida en los POT municipales

En 1997, en el marco de la Ley 388, nace el concepto de Plan de Ordenamiento Territorial, o los POT, como el instrumento básico para que los municipios y distritos planifiquen el ordenamiento de sus territorios, en teoría hay que cambiarlo cada década, máximo a los 12 años de haberse puesto en marcha. Pero como todo en Colombia, existe la norma para no cumplirla, o dicho de otra manera más coloquial, hecha la ley hecha la trampa.

Dicho mandato va para tres décadas y se ha convertido en una norma sin dientes ni dolientes, pues en este tiempo concejales y constructores, entre otros interesados en venta de tierras y elaboración de proyectos, se han aliado para pasarse los POT por la faja.

Mucho de los racionamientos eléctricos y de agua, las malas conexiones de gas, la recolección de basuras y las mismas deficientes antenas de telefonía celular y datos para internet, tienen que ver con que los POT no funcionan en casi 100% del país.

Conscientes de la problemática, hace tres años, en 2022, se tenían que acelerar los procesos de formulación que permitan en el corto plazo empezar la implementación de los mismos, acción que no se ha llevado a cabo, además que todo en Colombia es susceptible de ser demandado y parado por los altos tribunales, en una suerte de que el caos nunca muera.

Dice la ley que cuando un municipio o un distrito no adoptan el POT tiene consecuencias como limitar la posibilidad de generar nuevos recursos; no acceder a recursos de cofinanciación de las corporaciones autónomas regionales y el cese de proyectos en el Fondo Nacional de Regalías, nadie hace caso y las construcciones ilegales, deficientes, sin armonía con el entorno, siguen creciendo sin control en todos los rincones del país.

Condominios sin servicios públicos o unidades residenciales campestres que capturan el agua de ríos, quebradas y pozos artesianos que ciegan la entrada de líquido a los embalses o reducen el cauce de los ríos con destino a hidroeléctricas; es el reino de la anarquía de constructores con concejales propios que solo buscan edificar sin ninguna vocación ni planificación.

Colombia es un país de 1.103 municipios y 32 departamentos que tienen pocas herramientas legales a la hora de potenciar sus regiones o hacerlas más planificadas. Hay constructores en cada rincón del país comprando viejas fincas o haciendas para voltear su vocación y negociarlas con alcaldes y concejales para hacer barrios sin agua, sin luz, sin gas y menos internet.

Ahora que los mandatarios regionales van rumbo a la mitad de sus mandatos, los POT deberían ser sus máximos objetivos de desarrollo, pero de cara a las sociedades que los eligieron, socializando las áreas de construcción, las vocaciones de los territorios, pero ante todo, la sostenibilidad de cada proyecto o idea de desarrollo.

No es lo mismo un POT de una capital departamental, que el de un municipio de baja categoría; las vocaciones de las tierras son muy distintas en cada caso, la cercanía a ríos, carreteras, autopistas, acceso a universidades, clínicas o temas tan importantes para el agua como el nivel del mar o zona de bosques de niebla.

Se debe frenar que cualquier persona o firma constructora levante una casa, pase una carretera o haga una planta, en cualquier lugar, pero para frenar la anarquía que reina en Colombia, las autoridades legales deben tomar cartas en el asunto e impedir que todos hagan lo que quieran en términos de construcción.