La corrupción de las pequeñas cosas

La consulta en contra de la corrupción que se realizará mañana en todo el territorio nacional es afortunada, necesaria, muy conveniente, pero insuficiente para tratar de avanzar en soluciones al problema más grande que tiene el país, incluso más que el mismo narcotráfico, pues en esencia el cultivo y el tráfico de drogas, es en sí mismo un asunto de corrupción. Los siete interrogantes que tratará la consulta se enfocan solo en el sector público y sus actores, que es el grupo en donde más se evidencia esta delincuencia, pero si verdaderamente el país quiere que este sea un problema evolucionado para las nuevas generaciones tendrá que pensar en programas que vayan más allá de las leyes y decretos, pues es cierto que por más que se pongan reglas, el saqueo de los recursos públicos es una ambición que ha marcado las tres o cuatro últimas generaciones, especialmente las que tuvieron más exposición -entre los 80 y 90- con la cultura narco, el dinero fácil y el enriquecimiento ilícito.

Si bien el dinero destinado para la consulta es importante y no debe ser el punto de la crítica simplista, conseguir casi 13 millones de personas que salgan a votar sin ningún incentivo, es el tema más complejo, pues la gran masa electoral ha demostrado que sólo se mueve incentivada por los varones políticos, los contratos y los puestos públicos. La consulta en contra de la corrupción es la prueba de fuego de una corriente que empieza a tomar forma en Colombia y es salir a votar por objetivos de cambio y no por las tradicionales motivaciones ni motivadores. Hay varias fallas de forma en el cuestionario que no se comparten de manera masiva como es pensar que rebajando unos salarios merme la corrupción entre los congresistas, partiendo incluso que se les subió el salario para evitar que se pegaran de los contratos y los recursos públicos. Como también la inoperancia de otras preguntas temáticas que rezan: “los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión” o “máximo 3 períodos en corporaciones públicas”, situaciones que son debatibles, dado que es imperativo que tanto senadores como representantes rindan cuentas a sus electores y que limitar el lapso de permanencia en el Congreso castiga a los buenos parlamentarios, que son muchos. El resto de las preguntas: “cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado”; “contratación transparente obligatoria en todo el país”; “presupuestos públicos con participación de la ciudadanía”, y finalmente, “hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio”, son muy válidas.

La consulta no sobra y ojalá logre sus objetivos reales en contra de los corruptos, pero desde ya hay que empezar a pensar en que hay una corrupción cultural en las cosas que suceden a diario en un país en donde reina la ilegalidad como Colombia: la compra y venta de productos de imitación que se exponen abiertamente en centros comerciales; las permanentes infracciones a las normas de tránsito; los colados en los sistemas de transporte masivo; el plagio y la trampa en las universidades; los robos hormiga en los supermercados; el irrespeto a la autoridad y las instituciones; el arribismo y las amenazas, y toda una suerte de pequeñas situaciones que se han vuelto culturales y que van ligadas al saqueo del erario público.