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El Gobierno está logrando el objetivo de demostrar que el sistema de salud vigente necesita ajustes en los que todos coinciden, el problema qué cambiar y cómo hacerlo
Dos empresas privadas se han encargado de romper el ‘Florero de Llorente’ y destapar el caos en que puede convertirse el sistema de salud colombiano al terminar 2024. Se trata de las multinacionales Cruz Verde de México y la EPS Sanitas de España.
La primera es la red de farmacias más grande del país con una porción de mercado de 30% y la segunda un conglomerado de la salud, integrado verticalmente, que tiene desde clínicas hasta universidades, pasando por fundaciones, EPS y empresas de medicina prepagada.
Las cuentas de la EPS en mención son muy simples: funcionar al mes les cuesta unos $55.000 millones; el Estado les gira unos $32.000 millones y tienen un desfase de $23.000 millones que se ha ido acumulando por varios meses hasta completar unos $400.000 millones, que es lo que adeudan en medicamentos.
En pocas palabras, ponen al descubierto la cruda realidad de la desfinanciación del sistema de salud colombiano que recoge millonarios recursos de origen privado, que financian los trabajadores y los empleadores, pero que se quedan cortos para la creciente demanda de tratamientos y medicamentos, de una población que se envejece y aumenta en su expectativa de vida, además que cada día tiene mayor cobertura.
Visto desde esa arista, es un sistema que necesita ser revitalizado en lo financiero y fortalecido en la cobertura nacional, al tiempo que debe haber una institucionalidad que garantice calidad, competitividad, pero sobre todo, honestidad con los millonarios recursos que todos ponen, y que no precisamente es dinero de impuestos, sino descuentos directos de la nómina de los empresarios y sus empleados.
Por tanto, la reforma a la salud que se está tramitando en el Congreso ahora se hace más necesaria pues todos coinciden en que se deben hacer ajustes, mejorando lo presente e interpretando las necesidades del nuevo país.
Es preciso recordar que la vigente estructura de la salud data de hace tres décadas, que la llamada Ley 100 en su capítulo de la salud nunca fue reglamentada en el Congreso y que lo que hoy funciona es fruto de millones de tutelas que han pervertido el sistema. Pese a ello, es uno de los mejores sistemas de salud y con deficiencias brinda soluciones a los colombianos que necesitan la prestación del servicio.
Claro que hay que mejorarlo, pero no a la fuerza como ha querido el Gobierno Nacional, hay que involucrar a todos los jugadores, recrear el verdadero modelo económico del sector salud y tratar de financiarlo para las próximas tres o cinco décadas.
No se puede quedar la discusión en lo expresado por el Presidente, en sus redes sociales, cuando dice que “La Adres, (el Estado), se mantiene al día en sus giros a las EPS de acuerdo a la ley.
¿Por qué las EPS tienen deudas con hospitales públicos y privados y con empresas comercializadoras de medicamentos, si se les gira a tiempo?”; ni mucho menos se debe caer en el tono amenazante del Ministro de Salud cuando desafía una empresa que le presta el servicio a más de cuatro millones de usuarios; la pugnacidad nunca ha sido buen camino para solucionar los problemas públicos; ya el tema está sensibilizado, ahora lo que se necesita es que el Congreso haga bien su trabajo y recapitalice el sistema de salud de los colombianos antes de que se infarte porque los jugadores no cumplen con los deberes establecidos.
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