La deformación de las licencias ambientales

Hoy los ojos del país están puestos en El Plateado, un pequeño corregimiento de Argelia, uno de los 42 municipios del Departamento del Cauca. Una de las pocas regiones en el mundo premiadas por la exuberante naturaleza con costa en el Océano Pacífico, valle geográfico del río Cauca, frontera inmediata con Ecuador, lugar de nacimiento de los ríos Cauca, Magdalena y Caquetá, pero a todas luces, capturada por la galopante delincuencia y frenada por la tortuosidad de las licencias ambientales y las consultas previas con las comunidades.

En algún momento, hacia el futuro, llegará un grupo de líderes regionales visionarios que lograrán construir una carretera al mar, hacer una gran generadora de energía en el Cañón del Micay y conectar los ricos municipios con buenas carreteras terciarias. Todo eso no se podrá ver antes de que el país político y económico resuelvan la gran piedra en el zapato en que se han convertido las licencias ambientales.

Herramienta válida de normatividad usada por los gobiernos populistas de izquierda para frenar el progreso de los países y de paso condenar a más generaciones a la migración por la pobreza endémica. Y si en el Cauca nada avanza, es porque en el mismo Distrito Capital las cosas también sufren el boicoteo de las licencias. Es inaudito que el Ministerio de Ambiente haya demandado ante el Consejo de Estado la licencia ambiental para la ampliación del corredor vial que busca la ampliación de la Avenida Boyacá.

Una demanda absurda que rompe con las autonomías regionales. La demanda contra la licencia ambiental fue admitida y la CAR perdió entonces la competencia para decidir, quedando en manos de la decisión del Consejo de Estado. Vale la pena contextualizar que la autorización ambiental fue entregada el 28 de diciembre de 2023. La ampliación contempla el tramo comprendido entre las calles 183 y 235 en el norte de Bogotá con la construcción de 4,9 kilómetros de vía en la zona rural de la localidad de Suba.

Una obra que es necesaria para la calidad de vida de los bogotanos y clave para el desarrollo de una ciudad de más de 10 millones de habitantes a la que llegan a vivir unas 300.000 familias al año. El problema que le nace al deber ser del desarrollo del país es que hay una parálisis generalizada en el otorgamiento a las licencias ambientales en los 32 departamentos y en los más de 1.000 municipios que ven frenados sus planes de desarrollo porque las autoridades ambientales han decidido oponerse a cualquier iniciativa que tenga las palabras desarrollo, inversión, progreso.

Es una realidad que las licencias y todos los trámites ambientales se han convertido en un asunto problema para los proyectos de infraestructura. Carreteras, puertos, aeropuertos, distritos de riego, antenas, entre otras necesidades para el crecimiento de la economía, se han frenado por la falta de permisos tendientes a evitar afectaciones ambientales.

No se trata de eliminar las licencias o las consultas previas, más en tiempos de moda sostenible, es hacer los procesos más expeditos, responsables, eficientes y que tengan en cuenta que el bien superior es sacar a unos 15 millones de colombianos de la pobreza, no solo con obras que generan empleo, sino con la construcción de un país con menos precariedades. De nada se vale ser rico y diverso, en términos naturales, si las personas viven en condiciones de pobreza absoluta.