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El primer año de gobierno de izquierda en la historia del país se raja en ejecución y seguridad, le va regular en economía, pero sale muy golpeado en la gobernabilidad
Ya hace un año que asumió la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, y las cosas en los últimos 12 meses han sido un auténtico tobogán. En materia económica la situación no es tan mala como se pronosticó: la revaluación del peso ha jugado a favor siendo la moneda más apreciada de los mercados emergentes con 25%; la inflación de 12% ha empezado a ceder en consonancia con la tendencia mundial; el crecimiento del PIB ha estado dentro de lo esperado en terreno negro y camino hacia 3% tradicional; el desempleo ha sorprendido bajando a un dígito, 9,3%, y las tasas de interés ya cambiando de rumbo y estabilizando su subida.
Bien se puede decir que ha sido un año no tan malo en lo económico, eso si se mira solo el comportamiento de los fundamentales, pero eso sí, afectada la economía por el grave deterioro del orden público y la percepción de inseguridad que cabalga en todos los rincones del país.
La economía colombiana es muy resiliente por el papel del sector productivo que mantiene su dinámica, en términos de generación de empleo y pago de impuestos, muy a pesar de la inseguridad y de las malas condiciones de gobernabilidad del Gobierno.
No se crece al ritmo de las necesidades del país por las malas condiciones de seguridad jurídica y tributaria, además por el frenazo en las grandes obras de infraestructura que le brinden mayor competitividad a la economía; los crónicos problemas en las carreteras, los puertos y los aeropuertos siguen intactos luego de un año de Gobierno que prometió cambios que poco a poco se han ido esfumando; nada raro que las reformas estructurales a los sistemas laborales y de salud, además de las pensiones, queden frustradas por la baja gobernabilidad del Gobierno en los próximos años, pues tendrá que sortear su permanencia en un Congreso demandante de negociaciones burocráticas y para el que las reformas no están en su agenda a mediano plazo.
Claramente el péndulo político, mediático, de favorabilidad y percepción sobre el gobierno cambiaron, y los tres años restantes estarán marcados por una situación crónica en la política colombiana, como es el ingreso de dineros oscuros a las campañas.
La trama Nicolás Petro es muy distinta a la del viejo Proceso 8.000; en esta edición es el hijo del Presidente denunciando su campaña y de paso llevándose por delante estructuras tradicionales en la región Caribe. El componente familiar hace este episodio sea distinto y obligará al Presidente y a sus cuadros políticos cercanos a rehacer todo su esquema de gobierno para poder seguir administrando, gobernando lo público, sin mayores aspavientos, cosa que será muy difícil en la medida que el final del mandato se empiece a ver en el panorama.
El sector productivo tiene el timón de la economía en este momento y debe administrarlo de la mejor manera; solo debe esperar que el Estado que le garantice la seguridad y el orden público para seguir construyendo país.
Esa hipótesis se lanza porque el caos político servido distraerá las reformas dañinas, o al menos las aplazará, y los empresarios, como siempre ha sucedido, no tendrán otro camino que seguir trabajando para construir país. Pasarán tres, cuatro o cinco años, hablando de la misma trama, esperando claridad y justicia. La propuesta política, económica y social que proponía el presidente Petro ha entrado en barrena.
Para desvanecer el reino de la incertidumbre se necesitan acciones concretas, con foco y objetivos precisos, 2025 debe ser un tiempo de hacer, ejecutar, quejarse menos y garantizar resultados
