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La Superintendencia de Industria y Comercio es el órgano rector de los consumidores y debe entrar a sancionar a los comerciantes que están especulando en medio de altos precios
Dice el Dane que el pasado abril los precios no solo se estabilizaron, sino que empezaron a bajar, terminando una racha de alzas que comenzó hace más de 24 meses derivada de la pandemia y de la guerra en Ucrania, como explicaciones externas, pero en la economía local se generaba por las fallas en suministros, costos de fertilizantes, servicios públicos y transporte.
Los números dictan que todo está cambiando y que el segundo semestre no solo estará marcado por un mejor clima, sino por precios de los alimentos más bajos, al punto que las autoridades económicas han lanzado las campanas al vuelo prometiendo inflación de un dígito a final de año. La inflación en abril alcanzó 12,82% anual, muy por debajo de las estimaciones que apuntaban 13%.
Solo en abril la variación fue de 0,78%, el más barato en los últimos años y el año corrido va en 5,38%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 3,48 puntos porcentuales de aporte, es lo que más pesa, pero su variación, de 18,47% anual, está por debajo de la de marzo, que fue de 21,81%.
Comer por fuera de la casa sigue siendo caro, pero ahora con precios más estables: la variación anual del IPC de comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, es decir, los almuerzos y las comidas que se consumen por fuera del hogar, fue de 18,71%.
Ahora el gran problema está en los comerciantes que pueden empezar a sacarle provecho a la inflación a la baja, es decir, aumentando los precios muy a pesar de que los productos empezaron a bajar. Es lo que sucede cuando comerciantes cobran el IVA y no lo pasan a la Dian o convierten la propina en un sobrecosto que no va a los empleados.
Los consumidores deben empezar a sentir los precios más bajos durante este mayo y el próximo junio, lo más seguro es que se sienta un alivio en el costo de los alimentos, bebidas y servicios públicos, más no tanto en el transporte, pues el Gobierno Nacional está elevando los precios de los combustibles cada mes para tapar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y evitar que Ecopetrol destine las utilidades que le pasa al Estado para subsidiar la gasolina a los tenedores de los más de 17 millones de vehículos que se mueven en el país.
La pelota está en terreno de la Superintendencia de Industria y Comercio, ejecutando su rol constitucional de defender al consumidor a través de un estatuto que obliga a la entidad a vigilar precios, medidas y pesos. Por ejemplo, es imperativo que la SIC revise en todo el país lo servido por lo pagado en especial en las estaciones de servicio de combustibles, pues hay muchas denuncias precisas de cobros normales, pero productos disminuidos.
Lo mismo puede suceder con la fijación de algunos precios en el sector hostelero, bares y restaurantes no pueden abusar de los consumidores parapetados en una inflación que está cayendo. La nueva Superintendente debe garantizar la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad; el acceso de los consumidores a una información adecuada; la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo a lo establecido con el código de infancia y adolescencia, y todo un arsenal de herramientas que deben aplicarse en momento de cambio de tendencia de la variación de precios, los comerciantes no pueden usar la caída de precios como un ingreso contingente para sus balances.
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