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El Gobierno Nacional no ha dicho ni hecho nada concreto sobre la variación de precios, si no fuera por las lluvias que han ayudado a siembras y cosechas, la inflación sería más alta
El fenómeno de inflación que padece el mundo tiene dos aliados en países tropicales como Colombia: la devaluación de la moneda y el fenómeno de La Niña. El peso de los bienes y servicios importados con dólares cercanos a los $5.000, significa una cuarta parte de más o menos 300 productos que componen la canasta familiar o un carrito de mercado básico; artículos de tecnología, autopartes, aseo o alimentos para animales, son algunos de los que más han experimentado precios altos.
Y si se analizan las centrales de abasto de las principales ciudades del país se observa que la abundancia de lluvias, desde hace más de dos años en todo el territorio, han permitido que las siembras de cultivos de ciclo corto tengan buenas cosechas, los altos precios de productos como la papa, zanahoria y algunas verduras, obedecen más a la especulación de los intermediarios que a problemas con la alta pluviosidad.
El agua de sobra, bien administrada en términos agropecuarios, es mejor noticia que un largo verano y los agricultores lo saben. El costo de los alimentos y los servicios públicos representan una buena parte de los ingresos de las familias que no han logrado estabilizar ahorros desde la pandemia, con un agravante de que la Junta Directiva del Banco de la República, no ha hecho cosa distinta a encarecer el costo del dinero que ya va en 11% para los bancos, quienes le transfieren a los cuenta habientes de manera inmediata este valor; la tasa de usura, que es el indicador del que se pegan las tarjetas de crédito para diferir las compras de sus cuentahabientes, está en 42% y el microcrédito en 56%; razones por las que la bancarización puede ceder y los más necesitados de financiación tengan que volcarse en el flagelo del gota a gota, que es una forma de legalizar el lavado de dinero y de institucionalizar la cultura de la mafia.
Los ministerios de Hacienda, Comercio y Agricultura deben hacer algo para contrarrestar la inflación, que si bien obedece a externalidades y tiene origen en los tiempos de la pandemia, sí deberían hacer algo con el costo del dinero y los intermediarios en las centrales de abasto. La inflación no baja sola por arte de magia, deben hacer algo que beneficie a los 14 millones de familias para que en el nuevo año se experimente la mejor noticia económica, que no es distinta a que la variación de precios regrese a sus niveles históricos de entre 2% y 4%, por lo menos que durante 2023 esté en 6% o 7%. No en vano a la inflación se le conoce en todo el mundo como el impuesto de los pobres porque es en los sectores de menores ingresos y con mayores necesidades que el cambio de precios permanente pega más duro.
Pero en ningún caso se deben cometer errores populistas o de puro analfabetismo económico de irse en contra de las leyes de mercado como congelar la subida de los precios de los combustibles, subsidiar los servicios públicos y/o aumentar el salario mínimo con fórmulas politiqueras. Ya han pasado cuatro meses de la nueva administración y ya es hora de que el Ministerio de Agricultura y sus colegas de Hacienda y Comercio, todos buenos economistas y asesorados por muchos académicos, hubiesen lanzado programas, planes y articulado una agenda para derrotar la inflación. No hay nada más que dejar que la Junta del Emisor siga encareciendo el dinero en una economía no bancarizada y con impactos informales.
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