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Colombia está en medio de una ola de asesinatos y robos, que pueden sumir al país en un ambiente de miedo y frustración, elementos que inciden en el bienestar y en el clima para invertir
Entre enero y agosto del año en curso, 62 policías han sido asesinados, 36 de ellos mientras prestaban servicio en medio de un tenebroso “plan pistola”, ejecutado por bandas criminales que tienen capturadas desde hace años regiones enteras del país, como Urabá, Catatumbo, Pacífico, Cauca y una buena parte de los departamentos de la costa Caribe. Es muy triste que 36 jóvenes policías hayan sido asesinados a sangre fría, mientras cumplían con su deber, que es más vocación que cualquier otra cosa.
La sociedad civil -los gremios económicos y la academia en particular- debe sentar su voz de protesta o al menos llamar la atención antes de que la seguridad haga agua el bienestar y suma a las ciudades en una situación de caos inédita. El llamado ‘clan del golfo’ ha liderado, según informes de inteligencia de las fuerzas militares, alianzas con bandas criminales, disidencias de las exFarc y el ELN para ejecutar el plan de asesinatos, que no puede quedar impune. Toda una combinación de armas de lucha en contra de la sociedad colombiana que no ha tenido tregua en términos de paz y seguridad desde hace seis décadas.
Los indicadores de la economía no son malos cuando se comparan con países similares; es un país emergente que crece su PIB, recepta inversiones locales y externas, le saca partido a la devaluación del peso, reduce el desempleo, baja la pobreza, pero la violencia no cede en todos sus rincones y se hace un problema endémico en la sociedad colombiana, que se ha acostumbrado a la muerte, el robo y las extorsiones, como si fueran situaciones normales, males que si se hacen habituales se convertirán en un manto gris que cobijará el desarrollo de la economía.
Pero lo peor en perspectiva es que el Gobierno Nacional entrante tiene algo oscuro en su agenda política, poco claro a la luz pública que tiene que ver con dialogar con grupos alzados en armas, bandas terroristas, narcotraficantes y criminales organizados. No hay nada aún, pero lo poco que se sabe es que estos delincuentes están asesinando policías como si fueran moneda de cambio para hacerse fuertes. Es como en las películas violentas cuando un secuestrador asesina un retenido para enviar un mensaje a sus familiares o las autoridades para mostrar poder.
Si el Gobierno Nacional cede, si la Policía no puede actuar porque le quitan sus armas de control de la delincuencia o todas las fuerzas militares son sometidas para que bajen o entreguen sus herramientas constitucionales, el país entero habrá claudicado, caído en manos de quienes lo han querido arrodillar para conseguir sus objetivos perversos, que no son otros que robar, delinquir, asesinar, ablandar las instituciones para imponer sus propias leyes e imponer un régimen de “delinque, pide perdón sin justicia”.
La Colombia de hoy, con su actuar anestesiado por la violencia, puede endosarle su desarrollo y bienestar a los delincuentes si la someten a través del asesinato de policías y militares para mostrar fortaleza ante una eventual negociación de paz y desmovilización, para que les salden sus penas sin ir a una cárcel en Colombia o Estados Unidos. Es un momento muy crítico para la economía, que sería la primera víctima, pues asesinatos, robos, secuestros, invasiones, extorsión, son flagelos aliados de un caos manipulado para cambiar la sociedad que actualmente se experimenta.
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