La lucha contra la evasión debe ser protagonista

El Ministerio de Hacienda ha prometido que el próximo lunes de pascua radicará en la comisión económica de la Cámara de Representantes el proyecto de ley de solidaridad sostenible que busca recaudar unos $25,5 billones para poder tapar parte del hueco fiscal y financiar los costos de la pandemia; y de paso enviarle un mensaje claro y contundente a la banca multilateral y a las firmas calificadoras de riesgo de que aquí se están tomando las medidas necesarias para tener recursos frescos para sacar la economía adelante sin recurrir a un mayor endeudamiento, que hoy roza $65 de cada $100 del PIB. El Gobierno en pleno ha hecho un buen ejercicio de socialización de la nueva reforma tributaria con empresarios, gremios, medios de comunicación y, por supuesto, con los congresistas; el resultado de estas reuniones ha sido agridulce, pues todos son conscientes de la necesidad de recaudar, pero pocos están comprometidos a fondo para ir más allá de la tributación actual, culpando a la crisis económica, la recesión de la falta de dinero.

El tema que brilla por su ausencia en la exposición de motivos de la cartera de economía es la evasión y el control de la elusión tributaria, sobre lo cual no hay mucho en el proyecto de ley a la luz de lo comentado por el Ministerio. El documento final de la comisión de expertos internacionales no ahonda en la evasión como uno de los pilares fuente de nuevos recursos, solo se enfoca en el desorden tributario, la pequeña base tributaria y la obsolescencia en el cruce de bases de datos, entre otros lunares.

La última cifra de evasión que se tiene a la mano no es tan vieja, data de otra comisión de expertos que habla de 3% del PIB, una cifra cercana a los $30 billones, aunque hay estudios que estiman que el monto podría ascender a $350 billones si las autoridades de impuestos son estrictas en el cumplimiento de las normas. Otro estudio del Fondo Monetario Internacional dice que solo la tasa de evasión del IVA estaría alrededor de 40% del total que se recauda ($14 billones). Datos oficiales dicen que está alrededor de 23% del recaudo total de este impuesto. La evasión a la protección social llega a 26,8%, lo que equivale a $14,6 billones anuales, de los cuales 35,9% corresponde a pensiones, 25,6% a salud y 19,6% a riesgos profesionales. La tasa de evasión promedio en el impuesto de renta de las personas jurídicas, para el periodo 2007-2012, se ubicó en 39%. Es decir, anualmente se pierden $15 billones. Datos de Asobancaria dictan que la evasión de las empresas representa 2,3% del PIB y la de personas naturales, 0,7%.

En pocas palabras, la evasión llega a 30% del total del recaudo, problema que no se tocó en la socialización de la reforma tributaria, incluso el espinoso tema de castigos más fuertes para los evasores, como la cárcel, ni siquiera se menciona, pues no tiene ningún eco entre los congresistas. Avances como la factura electrónica, impulsada por este Gobierno son fuentes inagotables contra la evasión, pero chocan con la cultura de “hecha la ley, hecha la trampa” y aún hay resistencia al cruce de bases de datos entre los comerciantes, los prestadores de servicios y la autoridad tributaria. La masificación de la factura electrónica y los cruces de datos pueden aumentar el recaudo entre uno y dos puntos del PIB; todo queda a la espera de cuál es el verdadero articulado de la nueva tributaria, y ojalá incluya algo contra la evasión para no caerles a los mismos de siempre con más impuestos.