La mala hora de los servicios públicos

Si se agrupa y califica la calidad de los servicios públicos en Colombia, las notas son malas: el racionamiento de agua en Bogotá va a cumplir un año, sin que los gobernantes presenten un plan a largo plazo para erradicar el problema de una vez por todas; el costo de la energía eléctrica, derivada de las hidroeléctricas, es alto y en muchas regiones inconstante; el suministro de gas no es eficiente en varias ciudades y hay amenazas de reajuste de precios sin mayores justificaciones; la velocidad de internet es de las más lentas del mundo y la comunicación por celular se cae constantemente, no hay cobertura y las nuevas tecnologías no llegan.

Y si a este rosario de problemas que experimentan los servicios públicos se le suma el pésimo alumbrado público, las telarañas de cables en las calles, los montones de basuras en los barrios y hasta la inseguridad que se cobra en la factura de la luz, bien se puede afirmar que Colombia vive una emergencia no declarada en todos los servicios públicos, sin que las oficinas de control y vigilancia hagan algo para mejorar esta situación que tampoco tiene dolientes entre los gremios económicos.

Bien se puede decir que esa emergencia no declarada no se aborda porque no hay análisis en conjunto sobre la calidad de la luz, agua, internet, telefonía, basuras, alumbrado público y seguridad. La razón de que esto no sucede es que los gremios que agrupan a las empresas prestadoras se convirtieron en grupos de presión política en la oposición y se olvidaron de la calidad de los servicios básicos.

Por lo general, algunos de esos servicios públicos son subsidiados por regiones, estratos o actividades económicas, y las empresas prestadoras solo velan por recibir las ayudas gubernamentales, olvidando de manera olímpica la calidad de los servicios públicos que le prestan a más de 14 millones de familias y 500.000 empresas que pagan servicios, impuestos y generan empleo.

Las inversiones a las que se han comprometido las empresas prestadoras de los servicios públicos no llegan o lo hacen a cuenta gotas; la modernización de los servicios, la calidad de los mismos, el avance tecnológico no llega a la venta de agua, luz, gas, internet, recolección de basuras, alumbrado público y garantía de seguridad en los vecindarios; no en todas las ciudades y pueblos el alumbrado público y la seguridad están vinculadas a la factura de la luz, pero en las regiones en donde es un pacto entre los gobiernos y los prestadores de estos servicios, se debe exigir el cumplimiento.

Ahora que la inseguridad campea en todas partes y cuando las nuevas tecnologías, basadas en internet, pueden ser la solución, es menester de las empresas prestadoras dar un gran salto en el producto que le venden a los colombianos.

Cosas como las cámaras en los vecindarios, los horarios en la recolección de basuras, la fibra óptica, las antenas 5G, el suministro de agua, el gas todo el tiempo o la modernización de los cableados, son temas que se han evadido durante años y que ahora saltan a la vista.

Si Colombia quiere avanzar en calidad de vida, crecer en la economía, ser un país más seguro, la calidad de sus servicios públicos son un imperativo. Pero las soluciones estructurales deben ser vistas desde el consumo de las familias y las empresas, no desde las empresas prestadoras o desde la inoperancia de los gobernantes de turno.