La necesaria redistribución de los subsidios

El Departamento Nacional de Planeación, DNP, cierra un año polémico en términos de Gobierno Nacional presentando una nueva metodología para reclasificar información de los hogares incluidos en el Sisben, Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, una vieja estructura desarrollada durante la administración de Ernesto Samper que clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos y se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan.

El esquema se ha desgastado y hay cientos de miles de personas en todos los rincones del país que ya no necesitan ayuda y aún no se han identificado para que lo que reciben sea dado a otros colombianos más necesitados. Planeación se puso a la tarea y actualizó la información económica de las familias a partir del Registro Social de Hogares, lo que deriva cambio en la clasificación de 1.178.881 hogares (casi 1,2 millones de hogares de los 14 que existen en el país) en los registros del Sisben.

El gran registro de cómo viven los colombianos y cuáles son sus necesidades se compone de información administrativa que contiene datos de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Educación, Icfes, Migración Colombia, Agencia Nacional de Tierras, Finagro, Superintendencia de Notariado y Registro, Prosperidad Social, Unidad para las Víctimas, Registraduría Nacional, y próximamente información del Dane y la Dian.

Bajo esta necesaria y urgente actualización, el DNP actualizó que 732.740 hogares clasificados en el grupo A del Sisben, (17,8% de los incluidos en esta categoría) y 446.141 del grupo B, (8,8% de la categoría) debían dejar de pertenecer a ellas, correspondientes a condiciones de pobreza extrema y pobreza moderada y son beneficiarios de transferencias monetarias. Al mismo tiempo, el ejercicio encontró que 615.526 hogares debían incluirse en el grupo C y 563.355 en el grupo D, que corresponden a condiciones de vulnerabilidad y de aquellos que no son pobres ni vulnerables, respectivamente.

Este tipo de actualizaciones son las que se deben hacer para evitar que el grueso del dinero tributado por otros colombianos se vaya en potenciales votantes capturados por barones electorales. Durante la pandemia, casi 21 millones de colombianos cayeron en estado de pobreza, pero durante los últimos años la cifra ha caído hasta los 17 millones o menos, situación que obliga a cambiar las políticas de asistencia social para no derivar en asistencialismo, que no es insostenible en el tiempo, dado que genera derechos preconcebidos a recibir ayudas del Estado, desviando la necesidad de que la atención de la pobreza pase al nivel de desarrollo de empresas para que generen nuevos empleos y desarrollen el país.

Lo otro, y más importante, que debe empezar a trabajar Planeación Nacional es revisar la estratificación en todo el país, pues el esquema también pasó de moda, es obsoleto y desvía muchas ayudas, subsidios y beneficios para familias que ya no los necesitan y encarecen el costo de vida. Claro que existe la obligación de asistir a las familias con necesidades básicas insatisfechas, pero es el momento de trabajar con personas, familias y empresas, que están en capacidad de desarrollar crecimiento y riqueza con sus emprendimientos, de tal manera que ayuden a disminuir la precarización, que es un estado superior al de la pobreza.