La obsesión de estatizar la economía

Hay un hilo conductor en las tres reformas estructurales que cursan en el Congreso de la República atesoradas por el Gobierno Nacional y enfiladas en contra del sector productivo. Se trata del camino a la estatización de la economía, a despojar de sus roles y funciones al sector privado para devolverlos a las administraciones públicas de turno sin importar su ideología ni su capacidad de gestión y ejecución.

La reforma laboral es de lejos un pliego de peticiones sindical, inconsulto y poco socializado, que ve en la función social de las empresas a agentes explotadores sin modelos económicos que deben ser afectados, desplazados, olvidando que generan empleos formales y pagan los impuestos de los cuales vive el Estado.

La erradicación de los capitales privados del sector salud es otra de las evidencias en la reforma a la salud, sustentado en la narrativa de los ministros de turno del ramo que hablan de borrar la idea de que la salud es un negocio y devolverle las funciones al Estado.

Con la reforma pensional pasa lo mismo, y es quitar el papel a los fondos privados de pensiones en el mercado secundario, al tiempo que cortarle la capacidad de competir por el ahorro de los colombianos de cara a la pensión futura.

Si las reformas pasan, tal como van, en pocos meses habrán nacido dos megaempresas estatales: la llamada Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, que manejará todo el dinero del presupuesto de la salud para pagar clínicas, hospitales, médicos y enfermeras. Será una suerte de caja menor que no cuenta con las destrezas financieras para revisar procedimientos, contrastar servicios ni corroborar los que se cobran.

La otra es la repotenciación de Colpensiones que se quedará con todo el dinero de las pensiones de los colombianos, su flujo y su ahorro, para distribuirlo en distintos pilares que empezarán a ser debatidos en el Congreso.

Es un reversazo al Estado mínimo por su elocuente ineficiencia y corrupción; es entregar mucho dinero a los servidores públicos para que definan a su arbitrio dónde debe ir. Justamente eso fue lo que se reformó con la Ley 100 hace 30 años, que liquidó al Instituto Colombiano de Seguros Sociales que mal manejó por varias décadas la salud y las pensiones.

Es una suerte de volver al pasado o a la pesadilla del pasado, pero con un cambio sustancial: mucho del dinero de la salud y las pensiones irá literalmente a las arcas nacionales para correr el riesgo de volverse plata de bolsillo para las atornillarse en el poder.

Si las reformas pasan, tal cual las ha propuesto el Gobierno Nacional, se vendrá una durísima transición en la salud y las pensiones que será un auténtico caos. Y mientras eso sucede habrá cambio de administración nacional sin saber quiénes llegarán a manejar un Estado lleno de dinero y con la capacidad de comprar muchas voluntades, y por supuesto, votos.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, al igual que la banca mundial y las firmas calificadoras de riesgo, han sugerido reformas estructurales para mejorar las finanzas y la eficacia de las políticas públicas, pero éstas iniciativas deben ser graduales, concertadas, bien socializadas y con conocimiento del papel del sector privado en la salud y las pensiones. No todo es malo en los sistemas y quizá cambiar por cambiar puede ser el peor camino y la obsesión por estatizar un salto al vacío.