La paradoja de los impuestos y el gasto

Hace quince años Antanas Mockus sorprendió a todos cuando se presentó con una pirinola que tenía impreso en sus costados un “Todos ponen”, simbología que buscaba comunicarse con los ciudadanos y dejar un saldo pedagógico de compromiso con los asuntos públicos si se quiere pasar a la segunda parte de la ecuación de “Todos ganan”. Sin duda que el momento que está viviendo el país parece ajustarse a los planteamientos de ese entonces, pregonados por el ilustre académico.

Hay varios asuntos en los que resulta evidente que se requiere un esfuerzo general para lograr una salida lo menos costosa posible y en la que los resultados beneficien en una forma equitativa y justa a todos. Por eso, ese esfuerzo debe repartirse progresivamente y con un sentido patriótico, independientemente de la capacidad de lobby o poder de presión de determinados sectores que generalmente son los más pudientes y no los más vulnerables.

Ese desprendimiento y buena voluntad arranca en los impuestos y el gasto público, en los cuales el comportamiento es muy paradójico. Durante muchos años, se ha exigido como una necesidad ajustes estructurales en materia de impuestos para tener un sistema impositivo más equitativo, eficiente y simple y en ese orden, una comisión de expertos de alto nivel convocada por el Gobierno presentó unas propuestas en la materia luego de varios meses de estudio. Puede que se cuestione algunos puntos del informe o incluso si tiene o no el carácter integral que se buscaba, pero lo que no tiene mucho sentido es plantear reparos porque una eventual modificación de temas puntuales afecta intereses específicos o particulares o elimina privilegios y exenciones que se han logrado por la vía del cabildeo o a través de coyunturas específicas que los volvieron permanentes.

Lo mismo ocurre con el gasto público. En un país en el que los recursos son limitados, se plantea la eficiencia y racionalidad en la asignación de los dineros públicos y cuando hay una aproximación en ese sentido, no es extraño escuchar protestas de ministros porque se les recorta las partidas para sus proyectos, operando como si fueran gremios privados. No es acertado ese comportamiento de funcionarios de primer nivel que aunque buscan con buena intención el beneficio de un sector específico, deben entender que hacen parte del Gobierno. 

El Ministerio de Hacienda es el encargado de mantener unas finanzas sanas y ese objetivo debe ser compartido por el resto del gabinete, así resulte claro que debe buscarse una conciliación de intereses en función de prioridades sectoriales contenidas en el plan de desarrollo, a las cuales el encargado de las finanzas debe atender dentro de las limitaciones fiscales. Lo anterior no implica que haya discrepancias y discusiones en el equipo de Gobierno, debates que deben darse con una gran responsabilidad y sustentados en argumentos técnicos, que no tienen que ocultarse a la opinión pública.