Es prácticamente un hecho que Colombia reformará su sistema de pensiones después de tres décadas, cuando logró que convivieran dos regímenes paralelos, uno público y otro privado, que le permitieron a las mujeres mayores de 57 años y los hombres de 62, disfrutar de una pensión conforme a sus cotizaciones. El sistema entró en crisis cuando el régimen privado vio cómo sus ahorradores se pasaban por miles al fondo público (Colpensiones) antes de 10 años de lograr la edad de pensión para disfrutar algunas gabelas como subsidios a las altas pensiones, mejores mesadas y que estas se pueden heredar, elementos que desequilibraban la competencia y dieron como resultado que el número de actuales pensionados por los fondos privados no superara los 300.000 frente a casi millón y medio en Colpensiones. Todos los centros de investigación económica, los gremios y las universidades que estudiaron el tema coinciden en que era urgente una reforma pensional que arreglara las asimetrías, máxime cuando el llamado bono generacional se iba acabando, es decir, la tasa de jóvenes que con su cotización formal pagan la pensión de los jubilados, un sistema solidario que opera en casi todo el mundo. Para equilibrar el problema que representan menos jóvenes trabajadores, era prioritario revisar la edad a la que se pensionan los colombianos, una de las más tempranas de la Ocde, (57 años las mujeres y 62 los hombres), cuando el promedio mundial es 62 las mujeres y 65 los hombres, pero la iniciativa del Gobierno Nacional no tocó la edad, haciendo caso omiso al “club de las buenas prácticas”, que lo aconseja desde hace varios años. La discusión en el Congreso se basó solo en el llamado umbral salarial que le da oxígeno al papel de los fondos privados en el sistema de pilares y en quién iba a administrar el fondo de ahorro pensional, que sin mayor discusión se le otorgó al Banco de la República, quien al ser una autoridad monetaria que maneja las tasas de interés, puede presentar un impedimento que solo la Corte deberá revisar. Lo otro es que esta reforma pensional a “marchas” forzadas no brilla por su discusión técnica, máxime ahora que pasa a los dos debates en la Cámara de Representantes, corporación en donde brilla más la negociación de prebendas, contratos y favores burocráticos que el análisis técnico. La propuesta de pilares es buena (solidario, contributivo, semicontributivo y ahorro voluntario), su máximo logro es que las altas pensiones no se lleven el grueso de los subsidios y estos se concentren en los dos grupos poblacionales que nunca aportaron a su ahorro pensional o que tuvieron que abandonar sus aportes por alguna circunstancia (solidario, semicontributivo); es injustificable que las altas pensiones tengan mesadas compuestas por subsidios, más que por una decisión personal de ahorro, tal como lo brinda el cuarto pilar en el ahorro voluntario, lo que equilibrará la mesa de juego pensional. Lo más miope, eso sí, es el papel de los senadores, quienes en contra del clamor multitudinario popular, expresado en las marchas del pasado domingo, no aplazaron, modificaron o tomaron nota de lo que decía la gente. Nuevamente, la cultura del Senado es transnacional, es burocrática y negociante, a espaldas de los electores. De lejos es una reforma pensional a “marchas” forzadas.
