La política de seguridad de “no dar papaya”

“La Sargento cometió una ligereza en su desplazamiento hacia Arauca (...) Aquí hay un exceso de confianza de la Sargento, lamentablemente”. Palabras más palabras menos eso fue lo que dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, al referirse al caso de la sargento del Ejército, Ghislaine Karina Ramírez, quien duró cinco días secuestrada junto a sus dos hijos menores de edad por la guerrilla del Eln.

Más o menos lo mismo había dicho el presidente, Gustavo Petro, cuando era alcalde de Bogotá en 2013: “¿es válido sacar el celular a contestar una llamada o hacer una llamada en la calle? Pues creo que aquí hay una campaña de cultura ciudadana que debemos acometer … no usar el celular en la calle”. Dos situaciones idénticas en las que el funcionario que debe garantizar la seguridad revictimiza a las personas que son secuestradas o a quienes les roban las cosas.

Es desconsolador que el Ministro de Defensa, quien debería tener un plan maestro o una hoja de ruta para recuperar la seguridad en todos los rincones del país, culpe olímpicamente a los colombianos que deben ir a las llamadas zonas rojas por su aparente imprudencia o exceso de exposición; es una manera de aceptar que hay amplias zonas del país en donde impera el hampa y están capturadas por los delincuentes, sin que nadie haga nada para mejorar la situación.

Está interiorizado ya que en la calle no se puede hablar por celular para no exponerse a un robo, tal como lo sugirió el entonces Alcalde de Bogotá y hoy Presidente de los colombianos. La percepción de inseguridad en todos los 1.103 municipios del país ha aumentado y el problema de orden público se ha radicalizado como en los peores días de la violencia de los años 50, los años 90 o cuando hubo la zona de distensión con la guerrilla en el Caguán.

Los robos, la extorsión, las muertes violentas y los asesinatos múltiples, se han vuelto plan de cada día, sin que las autoridades competentes hagan algo por remediarlo. Es clara la baja intensidad de las fuerzas militares en contra de la delincuencia, no por decisión propia, sino por falta de recursos y por miedo a las repercusiones legales, pues los delincuentes están ganando la partida en los tribunales judiciales.

Colombia vive un auténtico mal momento en términos de desorden público, avance de la delincuencia, y en muchas regiones olvidadas, la crónica presencia y poder de los grupos al margen de la ley. El poder del narcotráfico, el lavado de activos, la compra de funcionarios y autoridades por parte de los microcarteles es una constante social que va en crecimiento; panorama al que no le ponen mucho cuidado desde el Gobierno Nacional, que dicho sea de paso, se ha concentrado en una paz total que empieza por legitimar el accionar de los violentos y los premia con ofertas de resocialización que al resto de los colombianos no les han hecho, y gabelas como participación política, penas irrisorias, subsidios, ayudas, etc., son comunes.

“No dar papaya” es un colombianismo que se ha elevado a mandamiento urbano, no meterse en lugares peligrosos, no usar accesorios llamativos, no ir a zonas rojas, no andar hasta ciertas horas de la noche, toda una sarta de usos y costumbres que en lugar de desvanecerse van sumando otras. Hoy en día el problema más sentido de los colombianos es la inseguridad y el deterioro del orden público, valores que solo el Estado puede garantizar.