Uno de los grandes problemas que tiene el Ejecutivo es que no da puntada sin dedal, es decir, aprovecha cualquier necesidad sentida del país para sacarle partido, nunca pierde detalle para alcanzar un pequeño triunfo político. Ahora, el terreno es la reactivación económica, en donde el Gobierno Nacional ha visto un vasto territorio y una gran posibilidad de modificar la regla fiscal, en aras de lograr una estrategia que lleve a la economía a crecer este año al menos 2% y el próximo a estar por encima de 4%. Una tarea bien complicada si se atienden los indicadores fundamentales. Empecemos por recordar que hace 13 años, un 16 de junio de 2011, se aprobó la llamada regla fiscal mediante la Ley 1473, que buscaba hacer imperativas las condiciones sobre los ingresos y gastos del Gobierno. El gasto debía seguir la evolución del ingreso de largo plazo, o ingreso estructural, al tiempo que se comprometía con que ese gasto no podía superar el ingreso estructural en más de 1% del PIB a partir de 2022. Todos los actores de la economía aplaudieron como focas tal avance, olvidando que el gen santanderista de los colombianos arma leyes para todo y que para un presidente hay otro presidente (o expresidente); en ese momento se habló de un periodo de transición que llevaría a la reducción gradual del déficit desde el nivel de la época a su nivel objetivo, ese lapso sería entre 2011 y 2022. La regla fiscal se convirtió en el mantra de todos los técnicos y la solución mágica que justificaba una reforma tributaria como antídoto para cada recesión económica. La justificación de motivos de la regla fiscal rezaba: “no habrá necesidad de reducir el gasto o aumentar el ingreso por medio de una reforma tributaria. El principio básico de sostenibilidad, como caídas transitorias de ingresos, se financiarán con desahorro o endeudamiento, mientras que los ingresos transitorios -bonanza de hidrocarburos, por ejemplo- se ahorran”. No sirvió para nada la meta de déficit fiscal, se ha revisado varias veces por año, para sincronizar el ajuste macroeconómico a la realidad, por lo general, determinada por los precios internacionales del petróleo. La disparatada política minero energética de la actual administración ha hecho que la regla fiscal hoy evidencie su material de caucho, más que nunca, y que el Gobierno Nacional haya encontrado en ese material flexible el argumento para montar sobre ella los pilares de un confuso plan de reactivación económica. Ha dicho el Ministerio de Hacienda que el Gobierno planea presentar al Congreso de la República un proyecto de ley que busque flexibilizar la regla fiscal para tener un mayor margen de inversión. “Estamos mirando si construimos un proyecto relacionado con la regla fiscal, dadas las inflexibilidades que hoy tiene. Es darle flexibilidad, dado que una cosa es tener una regla en un país que crece a 3%, 4% o 10%, y otra en un país que creció el año pasado a solo 0,6%”, ha sentenciado el jefe de la cartera económica, Ricardo Bonilla. El año pasado, el Gobierno cumplió con el déficit fiscal máximo trazado por la Ley: balance total -4,3%, balance primario -0,3%, balance primario neto estructural -1,3% del PIB, lo que le generó aplausos, pero esta idea de modificarla para endeudarse y, sobre ello, aparentemente acelerar un plan de reactivación, suena sospechoso, máxime cuando el Gobierno ha sido incapaz de ejecutar unos mínimos presupuestales.
