La reforma de las pensiones en su recta final

El Gobierno se empieza a jugar esta semana las últimas cartas en el tercero de cuatro debates de la reforma pensional.

De todas las ideas legislativas -exceptuando la reforma tributaria de hace un par de años- es la que más lejos ha llegado y la que menos crispación ha generado entre los expertos en el asunto pensional, y por supuesto, económico.

La gran sombra de esta discusión es el manto de duda que se posa sobre su trámite, pues la trama corrupta de los carrotanques, ha salpicado a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, justamente por supuestamente recibir favores económicos del Ejecutivo; a todas luces uno de los hechos más funestos de la realidad política nacional.

El proyecto que cambia el sistema mixto actual, por otro de cuatro pilares, no ha sido tan mal recibido por los analistas, quienes ven en los pilares, solidario y semicontributivo, dos avances importantes en la evolución pensional que llegará a ser universal. El gran problema es con el umbral salarial obligado a cotizar por los trabajadores en el pilar contributivo; lo que se acordó entre el Gobierno y los senadores durante el primer trámite, era de 2,3 salarios mínimos, pero el Presidente, en un acto bien temerario, dijo que lo escalaría a cuatro, lo que dejaría sin mucho juego en el nuevo sistema a los fondos privados, poniendo en riesgo la solidez del financiamiento de grandes obras de infraestructura y un rol definitivo en la movilidad del mercado secundario.

La reforma pensional es muy necesaria (la recomendó la Ocde) para darle estabilidad fiscal a la Nación y seguridad social a los trabajadores formales, pero tal como van las cosas, es una reforma que tiene más peros que cosas a favor, ha carecido de verdadera concertación.

Lo primero es que es una obsesión estatizar el flujo pensional, es decir el aporte mensual de los trabajadores formales, para que sea el Banco de la República quien maneje el gran ahorro de las pensiones, decisión suscrita en el primer borrador, lo que no parece viable, por observación del Emisor. Y tiene una bipolaridad bien grande que la deja entrever la posición del Ministerio de Trabajo que confirma la necesidad de hacer una nueva reforma en menos de 15 años; posición ilógica, pues una vez entrados en gastos debería hacerse bien y no esperar a que colapse.

La bipolaridad se refiere a que no toca la edad de jubilación de mujeres y hombres; Colombia es uno de los países de la Ocde en donde las personas son jubiladas muy jóvenes y eso se debe corregir, pues dentro de la argumentación del Gobierno está el cambio del bono generacional, es decir que en los próximos años habrá más viejos jubilados que jóvenes aportando; una realidad mundial que solo se corrige subiendo la edad de pensión.

Es un imperativo que los representantes no sean inferiores al reto de estudiar bien la reforma y sino están de acuerdo deberían sepultarla para hacerla adecuadamente él en la nueva legislatura, pero eso sí, concertando con las personas que más saben del tema, no por apetito a las arcas nacionales o por llevarse un punto ideológico de estatizar todo.