La revolución pendiente de los contribuyentes

El sistema tributario en Colombia sigue siendo una colcha de retazos que solo logra recaudar menos de $300 billones cada año, triste realidad que no es el verdadero problema: la olla a presión a punto de explotar es que la carga tributaria siempre recae sobre las mismas personas naturales y jurídicas. Poco menos de siete millones de colombianos pagan impuesto a la renta; las empresas grandes contribuyentes pagan casi 85% de todo el recaudo y alrededor unas 3.400 compañías pagan 67% del total. Una realidad que acosa el progreso de una economía que se precia de ser la cuarta de la región y que, casi siempre, está en crecimiento.

El grueso de la actividad comercial en Colombia se pasa por la faja los impuestos y las casi anuales reformas tributarias no han logrado hacer nada estructural para adelgazar los casi mil artículos del abigarrado Estatuto Tributario que crece y crece sin que se aplique de manera justa. Bien hace la Dian apretando a los siempre evasores en el comercio formal e informal, que no solo no entregan la obligatoria factura electrónica, sino que explotan a sus clientes exigiendo solo dinero en efectivo y omitiendo una factura simple.

El caso más grotesco es el de los peajes que aún reciben dinero en efectivo, con dos problemas colaterales: los trancones y la misma elusión o evasión de impuestos ordinarios. Los empresarios camioneros y transportadores de pasajeros podrían descontar estos altos costos que comprometen su modelo de negocio, o los simples conductores habituales que tienen que pagar un peaje diario.

En hora buena, la Dian emitió un comunicado donde exige a 1.532 empresas de transporte aéreo y de juegos de azar que implementen la facturación electrónica. También los peajes, servicios públicos, bolsas de valores y cines, tendrán que implementar ese documento en los próximos meses. Es una manera de ir ajustando las cargas tributarias en Colombia, para que no siempre se apriete a los mismos de siempre.

En la norma, la Dian expuso que según las resoluciones 0008 y 0119 de 2024, desde el 1 de octubre se vence el plazo para que los peajes, las bolsas de valores y las bolsas agropecuarias implementen esa facturación. Desde el 1 de noviembre tendrán que hacerlo los servicios públicos domiciliarios, tiquetes de transporte de pasajeros, espectáculos públicos y los cines. ¡Todos ponen! Ahora solo hace falta que los comerciantes formales e informales paguen al Estado el IVA que les cobran a los consumidores; son miles y miles de negocios a lo largo y ancho del país que están evadiendo impuestos.

Peluqueros, veterinarios, médicos especialistas, odontólogos, son muchas las profesiones que se hacen los de la vista gorda con el pago de sus obligaciones, generando que la misma Dian y el Gobierno de turno siempre carguen los impuestos a los mismos empleados y empresarios que no tienen poder de lobby.

La gran revolución pendiente en Colombia es tributaria, una gesta que obligue a los evasores a pagar, que identifique procesos grotescos de elusión y que exponga a quienes no pagan sus impuestos ante el escarnio público. No más reformas tributarias que se ensañen con los mismos de siempre, debe haber una sola actualización tributaria enfocada en los informales y los evasores; solo así se subiría el recaudo y el país no se tendría que endeudar para financiar el presupuesto.