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Solo los habitantes del valle, Cauca y Nariño parecen darse cuenta del estado de guerra en el que viven, las autoridades nacionales están de espaldas a una realidad que empeora
Los departamentos de Nariño, Cauca y Valle, representan poco menos de 13% del Producto Interno Bruto del país, economías basadas en agroindustria, comercio, manufacturas, industria, agro y un poco de servicios.
Toda la región tiene como epicentro a Cali, una ciudad que supera los tres millones de habitantes y en donde confluyen los servicios de salud, transporte, finanzas y entretenimiento, de un país en sí mismo que es el suroccidente colombiano, similar en tamaño a Sierra Leona, Panamá y República Checa, y en términos de PIB igual a Paraguay, Bolivia o Camerún.
Como ninguna otra de las diez regiones nacionales, el valle geográfico del río Cauca o la región Pacífica es un crisol de etnias y razas que se mezclan y explotan en riqueza cultural y deportiva. Pero una simple descripción como la anterior pareciese que vendiera el paraíso terrenal, y no es así; desde hace tres o cuatro décadas es el escenario o teatro de la guerra o conflicto armado que vive Colombia; es realmente el frente de batalla, las trincheras como le dicen los militares.
Si bien hubo algunos años de tranquilidad, a esos departamentos nunca ha llegado la paz ni han existido treguas entre los gobiernos y los delincuentes, pues al accionar de los guerrilleros de los 60, 70 y 80, los remplazaron los narcotraficantes de los 90 y 2000, que ahora tienen un control territorial no declarado en toda la zona del Pacífico binacional; un área de más de 1.300 kilómetros que va desde la provincia de Esmeraldas en Ecuador hasta bien al norte de Buenaventura en Colombia.
El alcalde de Manta en Ecuador fue asesinado; también un candidato a la Presidencia del vecino país, y cada 24 horas los delincuentes arremeten contra pequeños cuarteles de la Policía o emboscan convoyes militares en cualquier punto de esa geografía; noticias que pasan desapercibidas para la agenda nacional, desinterés que se vuelve cómplice de ese accionar violento.
La economía está sitiada, la vía Panamericana es un territorio de guerra permanente, las comunidades son usadas como escudos y poco a poco se atiza en la confrontación abierta entre campesinos, negros e indios por las tierras. Es un polvorín que amenaza con crecer y liberar territorios para beneficio de los narcotraficantes.
Dicen los “violentólogos” de las universidades y medios de comunicación bogotanos que la violenta actualidad es producto de una estrategia de los delincuentes que buscan posicionar sus puntos de negociación con el Gobierno Nacional que ha abierto las puertas al diálogo.
Una manera de hacerse sentir grandes para arrodillar a un Estado que en esa región brilla por su ausencia. Timba, Suárez, Buenos Aires, Jambaló, Corinto, Caloto, Quilichao o Jamundí, todos pueblos a menos de una hora de Cali, son el epicentro de una guerra invisible que a nadie le importa, pero que en las cuentas largas le pasará la factura al crecimiento económico del país.
Lo curioso es que toda esa región de Colombia fue determinante en el triunfo del presidente, Gustavo Petro, en las últimas elecciones, e históricamente ha sido un lugar privilegiado de agrupamiento de guerrilleros, disidentes y carteles; no hay un plan para esa región, no existe una hoja de ruta, no hay ideas a largo plazo de integrar su economía formal al Pacífico, ni mucho menos interés por cambiar la realidad. No se puede perder de vista que si no se hace nada, puede ser un territorio liberado para todas las actividades delictivas del continente.
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