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Colombia ocupaba la posición 29 entre 120 países en la ruta de la transición energética, pero en lo corrido de 2023 bajó al puesto 39, hay que pasar del discurso a hechos concretos
Transición energética son dos palabras raídas en los discursos de los últimos presidentes de Colombia y recurrente, o ya cliché, entre los últimos ministros de Energía. Se volvió un lugar común porque pertenecen a una narrativa posmoderna, vanguardista, convincente y sin detractores a la vista, pero los gobernantes de turno carecen de ejecución para poder hacer realidad el salto en los usos de producción, generación y distribución de energía.
Es obvio repetir que las industrias extractivas son dañinas y que van a desaparecer; lo que se critica es que no se haya confeccionado una hoja de ruta, un plan estratégico de sustitución y al mismo tiempo de aprovechamiento de los últimos estertores de una riqueza natural -petróleo, carbón, gas- de la cual sobrevive el Estado colombiano.
A la luz del último Índice de Transición Energética publicado por el Foro Económico Mundial, encargado de evaluar los avances globales en esta materia, el país en lugar de ir hacia adelante va en reversa, muy a pesar de que es el tema más recurrente del Gobierno Nacional. En 2020 Colombia estaba en el puesto 25 en el Índice, en 2021 cayó al 29 y en lo corrido de este año ya va en el 39.
Un franco retroceso que lo ha tirado al sexto lugar en América Latina y el Caribe; países del vecindario como Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile y Paraguay nos superan con más ejecuciones que palabras. ¿Cómo se cayó al sexto puesto cuando estaba de primero? Simple: los gobernantes colombianos son incapaces de ejecutar, de hacer cosas, de pasar del dicho al hecho. Los políticos son muy buenos haciendo discursos, generando polémicas y actuando para las redes sociales, pero mediocres a la hora de mostrar resultados, máxime en un tema muy sensible para el sector productivo como es la sostenibilidad energética y los costos que representan a la hora de producir.
Aprendemos las teorías, identificamos los problemas y hasta hacemos buenos diagnósticos, pero a la hora de entrar en soluciones y acciones concretas todo se evapora. Este año Colombia es muy mal calificado, su nota en ETI fue 60,5, inferior a 66 que obtuvo en el ranking de 2021. Si se desagrega la evaluación, se tiene que en innovación fue 25,8, en infraestructura 47,6 y finanzas e inversiones 49,4.
Ni innovamos, ni construimos ni invertimos. Y no es de extrañarse porque el sector energético del país ha estado en medio de la polémica política y es en donde más ha dado bandazos en términos de políticas públicas el actual Gobierno Nacional.
La inseguridad jurídica y tributaria para las empresas del sector, la falta de coherencia entre los discursos y la práctica (políticas públicas) y la amenaza permanente contra las empresas que invierten, es la realidad que puede estar alejando a Colombia de los primeros puestos en la carrera por la transición energética.
Colombia posee una matriz energética basada en hidroeléctricas, lo que la convierte en una de las más modernas y sostenibles, pero es un Estado incapaz de desarrollar masivamente los parques solares, las industrias eólicas que han encontrado en las consultas previas a las comunidades los peores obstáculos para poder avanzar en la transición.
Incluso hay más de 3 millones de hogares en Colombia que aún cocinan con leña, uno de los principales factores de deforestación en los departamentos más pobres. Hay que retomar un liderazgo perdido e ir avanzando en esta materia.
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