Las opiniones gremiales son solo su punto de vista y en muchas ocasiones van en contravía del bien común
La defensa de los intereses particulares o sectoriales no coincide con los de la sociedad, que van más allá de las meras consideraciones de racionalidad económica o de maximización de cajas registradoras, pues en el caso de los colectivos, el equilibrio que acerca los extremos es fundamental para lograr la equidad o la protección de los sectores vulnerables de la población y la acción del Estado debe, sin duda alguna, estar del lado del bienestar general. En el manejo de la economía el asunto tiene una especial importancia.
Los ejemplos de esa “confrontación” de objetivos se da con frecuencia y en particular cuando se trata de temas como carga tributaria, subsidios, tasa de cambio, tasa de interés y modelos de manejo de temas como salud y pensiones, entre otros muchos más. Sin embargo, en no pocas oportunidades se confunden los intereses de unos y otros, haciendo creer que son los mismos y que entonces es indiferente la acción del Estado en términos de beneficios.
¿Por qué esa confusión? No es difícil saberlo. Los gremios son organizaciones con una gran capacidad para “hacer noticia” y los medios de comunicación los tienen como una fuente de información creíble y ese orden influyen sobre la opinión pública. Pero la capacidad de los gremios va más allá. A través del lobby pueden influenciar en su beneficio cuando se trata de decisiones de gobierno o aprobación de leyes en el Congreso. Aunque en el país, el cabildeo no es una profesión reglamentada como en otros países, aquí gana cada día más espacio y es común ver a sus exponentes recorriendo pasillos en el Capitolio o en despachos ministeriales. Los funcionarios técnicos de rango medio, encargados de hacer los estudios e investigaciones que sustentan las medidas oficiales se sienten presionados por los lobbistas quienes no pocas veces dejan entrever que tienen cercanía con las máximas instancias del gobierno.
El lobby necesita una normatividad transparente. No tiene otro objetivo que reconocer que la defensa de los intereses privados es legítima y es protegida por el Estado y que sus exponentes no tienen que hacerlo con un manto que puede llevar a sospechas.
Ahora, viene la discusión en el Congreso de dos trascendentales temas en la vida de todos los colombianos: salud y pensiones y en ambos casos son evidentes los intereses legítimos del sector privado que se mueven a su alrededor, pero que requieren de una reglamentación, pues es claro que en más de 15 años de haberse expedido la Ley 100 sus resultados no han sido óptimos como fue la idea. En el caso particular de las pensiones, se anticipa ya una acción grande de lobby de los fondos privados para debilitar al régimen de prima media, que deja la sensación que lo importante es la defensa del negocio, antes que una solución del problema.
