Las autonomías y sus pasos de animal gigante

El acento santanderista de la Constitución de 1991 ha logrado desde entonces que la descentralización del país solo se entienda desde las elecciones populares de mandatarios locales y regionales, y no desde la autonomía en el manejo de los recursos públicos, en cosas tan básicas como una mayor autonomía territorial y más eficiencia en la inversión de los recursos públicos.

No hay que enterrar la cabeza como el avestruz, para evitar ver los problemas (o soluciones) que se vienen en pocos años, las autonomías regionales son una fase intermedia de “la madre de todas las soluciones a los problemas” de orden público y responsabilidad localizada de cada región. Todos los gobernadores le mandaron al Presidente una carta en la que evocan la promesa constitucional en la cual se dio una reconfiguración del Estado en la que se entregaban funciones a los gobiernos locales en cuanto a la participación de ingresos estatales.

“Han pasado tres reformas constitucionales, en la que ha sido sofisma esa fórmula que permitiera a los territorios acceder a los recursos requeridos para cumplir con sus competencias. Más de 30 años después de la proclamación de un Estado descentralizado, vamos en menos de la mitad de lo prometido, pues las gobernaciones y alcaldías apenas llegamos a obtener 20% de los ingresos de la nación”, dice la misiva que destapa una auténtica Caja de Pandora, pues la descentralización administrativa total que se reclama data de 1886, cuando se mostraron ideas de un modelo de organización que responda a las necesidades regionales, para ello es vital que el Congreso y el Ejecutivo, vea en entes territoriales autónomos un aliado fundamental para desarrollar actividades administrativas, tributarias, financieras, en un marco ajustado a sus viejas competencias.

No todo el poder autónomo regional debe dejarse en el Congreso, son los alcaldes, gobernadores y asambleas, unas instituciones que pueden avanzar en distribuir mejor los ingresos que provienen de la Nación. Dicen los gobernadores: “pedimos algo más que justo, permitiéndonos participar progresivamente en al menos 47% de los ingresos corrientes de la Nación”, una cuenta a vuelo de pájaro que la sociedad colombiana debe entender. Los representantes de cada departamento expresaron su intención por administrar cada territorio y las necesidades de las poblaciones de cada región, una idea que está avanzando; en la Colombia de hoy no se debe seguir cultivando la obsoleta idea de que solo en Bogotá no se pierden los recursos y que las regiones (o los territorios como llaman al resto del país los funcionarios), necesitan del monitoreo constante de los entes nacionales.

La descentralización real es el primer paso hacia las autonomías regionales, para que éstas brinden soluciones a los problemas estructurales del país desde los pueblos, ciudades y departamentos; luego debe venir una profunda reflexión y análisis de prospectiva sobre la conformación de unas autonomías viables, sostenibles, con una ruta hacia el futuro, basadas en los nuevos mercados, polos de desarrollo y las mismas posibilidades que tejan infraestructuras enfocadas a la solución estructural de la violencia y la pobreza. El Gobierno Nacional no puede estar de espaldas a la realidad regional y a seguir amarrando las decisiones sobre cosas tan básicas como los ingresos corrientes.