Las calificadoras no tienen la culpa de la crisis

Colombia es un país bipolar en términos de impuestos, determinado por la cultura popular del “cójanlo, cójanlo, suéltenlo, suéltelo”, gritos airados que se oyen cuando hay un robo callejero. Al exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no solo lo acosaron por su línea férrea y carácter tecnócrata, sino que hasta un expresidente casi que lo compara con Pablo Escobar por el aparente daño que le hacía a la economía. La Casa de Nariño, agobiada por la protesta social, corrió a retirar la reforma tributaria, le aceptó la renuncia al jefe de la economía y descabezó a sus dos viceministros. Lo más bipolar de la trama tributaria fue que la reforma radicada por Carrasquilla consideraba un recaudo de $23 billones para capear la crisis derivada por la pandemia, pero sumados los pliegos de peticiones de quienes protestan pueden superar $80 billones; en pocas palabras: “subsidios sí, impuesto no”. Claramente, el país no valoró la estabilidad económica de la cual gozaba desde que consiguió el grado de inversión en 2011; se creyó el cuento de que las calificadoras de riesgo abandonarían su papel de garantes del riesgo país porque el mundo está en pandemia y como quien dice “en guerra no se oye misa”. Craso error. Las calificadoras tienen la misión de evaluar la deuda que emiten países, empresas, bancos u otras entidades financieras, y darles una nota correspondiente a su desempeño, manejo y cumplimiento de los compromisos.

Quizá hubo una gran equivocación por parte del Gobierno y fue alertar a esas entidades, precipitando la radicación de una reforma tributaria, pues en otros países que también financiaron los gastos de la pandemia con deuda, aún están pensando si revisan o no los impuestos. El Ejecutivo falló en su olfato social, político y económico y actuó como consultor de banca multilateral, sin medir las consecuencias del periodo electoral que se calienta en el país ni palpar la realidad de que el coronavirus disparó el desempleo y la pobreza hasta niveles históricos. Al nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le corresponde radicar con mensaje de urgencia un nuevo articulado que no solo envíe un mensaje concreto a las otras dos firmas calificadoras de riesgo, Fitch y Moody’s, para tranquilizar las aguas en la capital financiera del mundo; acción que debe cuñar con un viceministro probo que las tenga informadas sobre las políticas públicas que aquí se irán adelantando.

No es el momento de echarle la culpa a las calificadoras ni recordarles sus papelones en las crisis financieras, ha llegado la hora de hacer las cosas bien de cara al país, con el Congreso de por medio y con la necesidad de enderezar el camino y valorar la estabilidad económica del país. El Gobierno Nacional tiene que evitar que las otras firmas bajen la nota y castiguen al país y para lograrlo debe manejar las protestas, radicar una reforma y dar señales de que las cosas se están manejando de manera ortodoxa.

Era lógico que con el nivel de deuda y el creciente déficit esto iba a suceder, pero en el Gobierno estaba el papel de evitarlo; es un poco tarde para lamentar que Standard & Poor’s, de manera precipitada, observara el nivel de endeudamiento y emitiera su juicio negativo, ahora hay que trabajar para que no se alineen las que faltan en un efecto dominó que sería muy malo para la inversión extranjera, las tasas centrales y la devaluación de la moneda colombiana.