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Se está volviendo paisaje que la Corte tenga que revisar a fondo cada una de las reformas tributarias que se aprueban en el congreso, una suerte de la poca seguridad jurídica
La exequibilidad de cada reforma tributaria que aprueba el Congreso se ha convertido en un tortuoso paso adicional que puede tirar por la borda largos meses de cobro de impuestos con graves perjuicios para el fisco nacional, pero lo más grave es que es una muestra fehaciente de la poca seguridad jurídica que tiene el sistema tributario colombiano. Hay que esperar casi un año para conocer la sentencia de la Corte Constitucional en la que manifiesta si una reforma tributaria va en contravía de la Constitución Política o es exequible cuando su articulado ha sido bien tramitado por el Ejecutivo y estudiado por el Legislativo. En episodios con estos es donde pocas veces confluyen los tres poderes del Estado y dan una muestra categórica de su disciplina al elaborar los proyectos de ley y realizar sus trámites de manera coherente.
Pero no siempre el Gobierno -a través del Ministerio de Hacienda- o el Congreso en sus plenarias y comisiones económicas hacen bien su tarea y ponen en evidencia las “jugaditas” que han convertido el sistema tributario colombiano en una colcha de retazos que mucho daño le hace a la inversión privada y envía mensajes nefastos para las firmas calificadoras de riesgo y la banca multilateral. Ahora bien, peca el ejecutivo por no hacer bien su papel técnico; también el legislativo por negociar cada uno de los artículos y convertir cada proyecto tributario en una árbol de Navidad con intereses propios y cae en el mismo juego la Corte cuando juzga las distintas demandas con un filtro ideologizado. Las finanzas colombianas no aguantan que la revisión de la Corte dure tanto tiempo y que de un momento a otro se caiga la proyección de recaudo como un castillo de naipes. Para el caso de la llamada Ley de Financiamiento las noticias pueden ser simplemente aterradoras si el Ministerio de Hacienda tiene que rehacer algunas partes de la reforma. Ojalá haya un mea culpa en los tres poderes y piensen en el sector privado y su planeación financiera.
La llamada Ley de Financiamiento aprobada a finales de 2018 y elaborada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, busca recaudar este año unos $7 billones; una cifra muy baja si se miran las necesidades de inversión. Al descomponerla encontramos que por el IVA plurifásico a cervezas y gaseosas se esperan $895.000 millones; por el ImpoConsumo de 2% para venta de vivienda de más de $880 millones unos $542.000 millones; la Unificación de Cédulas y Tarifas de 0%, 19%, 28%, 33%, 35%, 37% y 39% dejaría unos $1,8 billones; el impuesto al patrimonio (tarifa 1% para base gravable mayor a $5.000 millones descontando los primeros $463 millones del valor de vivienda) $787.000 millones; y por dividendos (tarifa de 15% para los superiores a $10,3 millones, tarifa de 7,5% para giro de utilidades al exterior) $444.000 millones, toda una suerte de recursos de muy difícil remplazo de un momento a otro y que obligan al Gobierno a tener un Plan B que supla estas necesidades.
En muchas otras ocasiones la Corte ha tumbado las reformas tributarias o al menos algunos artículos, un ejercicio que no se puede volver crónico ni mucho menos paisaje en la elaboración de proyectos y su consiguiente trámite en el Congreso. No solo es la Corte la protagonista, también está quien hace el proyecto y los que negocian los trámites en el legislativo.
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