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La Junta del emisor sigue su política de subir el costo del dinero para atajar una inflación que no parece tener techo, sin que los codirectores prueben otra medicina
La economía entra en el tercer mes de 2023 con iguales o peores indicadores si se comparan con el año pasado: el crecimiento del PIB es mucho menor, la inflación literalmente sigue cabalgando, las tasas de interés están en su nivel más alto de la historia reciente, un dólar aposentado a unos $200 de los $5.000 y el desempleo ya es una plaga que afecta a más de 3,5 millones de colombianos.
Eso sin sumar que la incertidumbre económica, política y social que genera la avalancha de reformas que el Gobierno Nacional tiene planeada sacar en el Congreso de la República. Es un hecho indebatible que la reforma laboral, la pensional y la del sector de la salud, tendrán fuertes consecuencias en el modelo económico y que el crecimiento, la generación de empleo y el regreso del grado de inversión serán lujos de un pasado mucho mejor.
Si bien el drama económico que más afecta a las 14 millones de familias es el desempleo, la informalidad y el rebusque es una manera digna de salir adelante, algunos emigran a buscar mejores formas de vida en otros países, pero no tener trabajo o una remuneración fija es un problema que bien podría denominarse como llevadero, por pura economía de subsistencia.
El verdadero dolor de cabeza tiene que ver con el elevado costo de vida que pasados dos meses del año ya consumió el ajuste salarial, la inflación está ad portas de 14% sin que el responsable constitucional, la Junta Directiva del Banco de la República, haga una cosa distinta a subir las tasas de interés.
El Gobierno Nacional se ha entretenido con las reformas estructurales sin trazar una ruta que procure hacer que los alimentos bajen de precio, el transporte no siga encareciendo la canasta familiar, los importados no pesen tanto en la canasta familiar y los servicios públicos dejen de ser un dolor de cabeza porque no hay ingresos para costear agua, luz y gas.
No hay ninguna noticia en estos siete meses de gobierno que indiquen que los ministros responsables de la carestía de todos los bienes y servicios: Hacienda, Comercio, Energía y Agricultura, se hayan reunido para trazar un plan de cara a las familias; mucho menos que los codirectores del Emisor tengan ideas novedosas para volver la inflación a niveles de 2% o 4%.
Solo hablan de las externalidades y de la normalización de las tasas de interés, que no es otra cosa que subir el costo del dinero para que las familias que subsisten con deudas financieras se asfixien en sus propios gastos.
Nada novedoso ni mucho menos disruptivo surge de los economistas del Banco de la República, que no en vano es una de las entidades con mayor desprestigio según las últimas mediciones de Invamer.
Seguir encareciendo el dinero para atajar el costo de vida es inapropiado e inconsciente, máxime cuando la tasa de usura, a la cual se pegan las compras financiadas por tarjetas de crédito, ya alcanza 46%, el costo más elevado de la historia reciente, sin que nadie dé una explicación coherente.
Los alimentos, el transporte y los servicios públicos son el tridente inflacionario que parece no importarle a nadie, solo a las familias a quienes no les alcanzan los ingresos para costear sus consumos básicos. Peor aún al Congreso de la República que está aplicado a otros temas, menos a velar porque los ministros y la Junta del Emisor hagan algo, tengan un plan, estudien nuevas alternativas, cualquier cosa menos guardar silencio.
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