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La prometida tributaria del Gobierno electo puede condenarse a la misma suerte que sus anteriores si los funcionarios aún no nombrados empiezan a soltar “articulitos”
En mayo de 2021, el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, estructuró y se rodeó de importantes asesores locales e internacionales para tramitar una verdadera reforma tributaria que evitara la pérdida del grado de inversión del país y le permitiera volver a encausar el déficit fiscal. Ambos objetivos eran loables pero fue equivocada la manera de socializar la iniciativa, al usar a funcionarios de segundo nivel del Ministerio y la misma Dian para ir soltando o dando a conocer a cuenta gotas los alcances del proyecto de ley. El resultado fue catastrófico, pues la estrategia sacó a toda la cúpula económica del Gobierno, hizo perder el grado de inversión ante las calificadoras de riesgo y el déficit fiscal siguió por encima de 3%. Lo peor del episodio es que la idea de “ir soltando cosas” para ver cómo calan fue desastrosa porque desató una ola de protestas sin precedentes en Colombia que desaceleraron la economía que no se había repuesto de los meses duros de pandemia.
Muchos de los promotores de la ola de las violentas protestas en contra de la tributaria de Carrasquilla ahora están en el Gobierno electo y han empezado a hablar de una nueva reforma tributaria de $50 billones sin haberse posesionado, sin conformación alguna de las comisiones económicas en Cámara y Senado y sin ministro de Hacienda que ponga la cara o explique. El afán de ejercer el poder puede llevarlos a cometer los mismos errores del pasado, y una vez más, los polos opuestos a acercarse peligrosamente en contra de los mismos contribuyentes de siempre, los empleados y los empresarios, sin que la base tributaria se aumente o que la administración entrante pueda presentar un plan de reducción de costos y convertirse en un Estado más austero. Es una completa irresponsabilidad hablar de tributarias sin ponerle una cara a los responsables de convertir una idea en una ley que debe tramitarse en el Congreso. El país político, económico y social ha aprendido que los impuestos deben ser concertados, que las cifras sacadas de un sombrero mágico en nada ayudan a bajar el nivel de confrontación y que lo mejor siempre es discutir y debatir las cosas con los actores indicados.
El presidente electo, Gustavo Petro, no es neófito en el tema tributario, ha sido representante, senador, candidato y exalcalde de Bogotá, por tanto el asunto de los impuestos es una materia que no solo domina plenamente, sino que sabe de dónde salen las ideas de la oposición, estamos seguros de que no ha autorizado a ninguno de sus colaboradores más cercanos, quienes aún no son funcionarios, a que empiecen a calentar el ambiente social con nuevos impuestos, sin socializar las ideas de más impuestos en renta e ingreso, ni mucho menos en ponerles responsables a esas políticas públicas de contribución. Y otra cosa que olvidan los que han empezado a hablar de más impuestos es que los precios del petróleo pueden ayudar a bajarle presión fiscal al Gobierno entrante, que hay otras alternativas en el camino como es adelgazar el Estado, vender activos improductivos y acomodar los tributos en las regiones, todas tareas pendientes de rápida ejecución que evitar comenzar un nuevo cuatrienio en medio de una nueva confrontación social por una nueva tributaria, no solo mal planteada y cuantificada, sino mal comunicada ante los contribuyentes.
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