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El crecimiento económico para 2020 está en manos del Congreso, que en otras ocasiones ha dado muestra de trabajar más allá de los intereses personales. La tributaria debe salir
A la luz de los pronósticos de crecimiento económico que hace el Fondo Monetario Internacional, Colombia será la economía más grande de la región que presentará el mejor dato del PIB para 2019 y 2020, un 3, 4% y 4% respectivamente; y si se mira el entorno de las 35 economías de Ocde, el país se ubica también a la cabeza del ranking mundial sacando la cabeza de América Latina. Ese buen pronóstico tiene que ver con el ortodoxo manejo de las cuentas nacionales, los buenos precios del petróleo, la llegada de inversión extranjera, la estabilidad en las tasas de interés y la inflación bajo control. Un panorama económico bastante aceptable que no se ve en México, Chile, Perú o Argentina, mucho menos en Venezuela o Ecuador, pero estas noticias no serían tan buenas si las comisiones económicas del Congreso de la República y las plenarias de la Cámara y el Senado no aprueban sin mayores miramientos la ya estudiada Ley de Financiamiento que le representa a las arcas nacionales unos ingresos por impuestos de casi $8 billones y que ha llevado al Gobierno Nacional a descartar una nueva reforma tributaria, es decir a romper con la tradición de que cada 22 meses hay un articulado en el Congreso que busca nuevos recaudos.
No hay que llorar sobre leche derramada y es un hecho indiscutible que la pasada reforma tributaria -rotulada bajo Ley de Financiamiento- tuvo un trámite bastante traumático y que tanto el Ministerio de Hacienda como la Presidencia del Congreso no fueron cuidadosos con los protocolos que exige la norma. El punto importante ahora, es que toda la ley vuelve de cero al Congreso y que debe dársele un trámite expedito para no perjudicar el buen momento que vive la economía, bajo la paradoja de que el único lunar es el desempleo que solo se reduce si hay crecimiento económico que es lo más perjudicado si el Congreso no hace la tarea de aprobar con prisa y sin errores la que bien se podría denominar Ley de Financiamiento 2020.
Es una verdadera prueba de grandeza a la que se someten los representantes y senadores, pues no hacer esa tarea condenaría a la economía a una cifra más que mediocre en su PIB, al tiempo que obligaría al Gobierno Nacional a presentar una verdadera reforma tributaria que le garantice los ingresos para la inversión social y el funcionamiento del Estado. La tarea no es complicada pues el articulado de la ley no tiene problemas estructurales, la inexequibilidad tuvo que ver más con la necesaria y obligatoria publicación de lo aprobado de corporación en corporación, no porque existan artículos sobre los cuales se haya hecho una glosa en particular. Incluso, quedaría tiempo de sobra para que el Congreso empezara a estudiar las reformas laborales y pensionales pendientes, más que necesarias, que serían las verdaderas víctimas de la caída de la Ley de Financiamiento. Por su parte, las firmas calificadoras de riesgo han hecho mayores apuntes sobre este insuceso y le han mermado el dramatismo que algunos quieren darle. Estamos seguros de que los congresistas le demostrarán al país que su trabajo es verdaderamente de cara al bienestar de todos los colombianos y la mejor manera de dar ese ejemplo es aprobando la iniciativa del Gobierno sin negociaciones en pasillos oscuros ni en avanzadas horas en la noche. Claro que se puede trabajar por el país, que a la luz de las cifras va mejor que muchos otros.
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