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Aún no somos conscientes del grave impacto que tendrá el covid-19 en los planes de gobierno de los mandatarios regionales y del Presidente, que deben empezar a mostrar obras públicas
Todos los termómetros que miden la competitividad de los países muestran que Colombia tiene un rezago enorme en su infraestructura, una asignatura pendiente que el país siempre pierde en el Foro Económico Mundial, en el Doing Bussines y en el IMD. La inmensa mayoría de los gobernantes de turno no han logrado que el país ni las regiones avancen en sus carreteras, puertos, aeropuertos, autopistas, distritos de riego y todo el inmobiliario tecnológico que sustenta las necesarias telecomunicaciones. Pero eso sí, el discurso general de los mandatarios nacionales, regionales y locales está cargado de sueños, anhelos y palabras al viento que se quedan en el qué, pero no se avanza en el cómo hacer las cosas y lograr que el país en su conjunto pase a otra etapa del desarrollo. Es más, según sus planes de desarrollo, prometen incrustar las economías en la cuarta revolución industrial, aún sin observar que los celulares no gozan de buena cobertura o que el internet es un servicio intermitente. Ahora que Colombia hace parte del “club de las buenas prácticas” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es un imperativo copiar modelos de desarrollo en la espina dorsal de la competitividad que es la infraestructura. Colombia no puede estar condenado eternamente a no contar con buenas autopistas que muevan el comercio internacional a los puertos, ni que los municipios vivan en el siglo pasado con una red de vías terciarias dignas del siglo XX, y dicho sea de paso, esto sea usado por los narcotraficantes para mantener sus negocios ilícitos ante la falta de presencia del Estado. Aunque parezca mentira, el país tiene una costa sobre el océano Pacífico de 1.300 kilómetros que va desde punta Santa Helena en la frontera con Ecuador hasta Panamá, y como para no creer solo cuenta con dos accesos por carretera: por Tumaco en Nariño y Buenaventura en el Valle, condenando al Cauca y a Chocó al abandono, o mejor, entregándole esos territorios a la minería ilegal y al narcotráfico.
Es una triste realidad que al Gobierno Nacional y a su plan de desarrollo se le atravesó la tragedia del covid-19 y que gran parte de sus esfuerzos y energías -además del presupuesto- se enfoquen en solucionar el problema. En los dos años largos que le quedan a Ejecutivo hay que avanzar en obras reales de infraestructura que le den otro marco de desarrollo a la economía para poder exportar, no solo a los grandes mercados de Estados Unidos y la Unión Europea, sino a las economías vecinas donde se puede ser más competitivo; es más, hay un portafolio de 12 tratados de libre comercio que deben ser explotados, pero para eso debe haber una infraestructura moderna que permita tener un enfoque exportador. La misma situación del Presidente la tienen los mandatarios locales y regionales quienes han visto cómo se les esfumaron seis meses de su gestión atendiendo el coronavirus. Es un imperativo para ellos enfocarse en las obras fehacientes de transformación que les permitan a sus distritos, ciudades y poblaciones ser más competitivos en una economía cada vez más dependiente de los intercambios. Ojalá no pasen los días y que quienes hoy llevan las riendas del país vean cómo el virus les absorbió el tiempo escaso de sus administraciones, mientras sus planes de desarrollo se quedaron en los anaqueles de las alcaldías y gobernaciones. Ahora más que nunca hay que hablar con obras públicas.
Para desvanecer el reino de la incertidumbre se necesitan acciones concretas, con foco y objetivos precisos, 2025 debe ser un tiempo de hacer, ejecutar, quejarse menos y garantizar resultados