Lo malo no es la burocracia, es su incompetencia

Ser empleado público o funcionario del Estado es un anhelo, un sueño, reto y un plan de vida, sucede en los países desarrollados en donde acceder a un trabajo oficial es un verdadero privilegio, no una alternativa o Plan B. Distinto ocurre en las economías emergentes y las de frontera, en las que las instituciones estatales están capturadas por políticos que las usan como fuente inagotable de burocracia para pagar favores electoreros, poner fichas corruptas o juegan a tres bandas con contratos, licitaciones y contratistas. La solución a todos los problemas de desarrollo tiene que ver con las administraciones públicas.

El diseño y ejecución de políticas públicas es un gran problema en países como Colombia, no por escasez de ideas y proyectos novedosos sino por la calidad del servidor público. Atravesamos por una crisis de gobernanza entendida como la interacción entre gobernantes y gobernados; soluciones de problemas ciudadanos y un enfoque de progreso social. El problema es tan grave que la confianza en las instituciones públicas decrece y más aún en las regiones capturadas por los politiqueros, a quienes ha sido difícil arrebatarles entidades cruciales para cambiar el país.

Asuntos como la confianza en el poder judicial, la satisfacción ciudadana con la salud y la educación decrecen en lugar de aumentar por la calidad de los funcionarios y la cooptación política de los organismos de control. Las perspectivas económicas y fiscales de Colombia se han deteriorado derivadas de la pandemia y las protestas sociales, además de un crónico lento crecimiento. El tema ya ha sido sobrediagnosticado por organismos como el BID o la Ocde, pero “no se mejora en cosas simples de control como la rendición de cuentas, la transparencia e integridad en el proceso de toma de decisiones públicas”. Si el país quiere mejorar debe empezar por garantizar la calidad de los servidores públicos para contrarrestar la influencia indebida de los políticos.

Y no se trata de cantidad de funcionarios, pero sí de calidad en su desempeño. Si se mira la Ocde, los países con más empleados públicos son Dinamarca, Noruega y Suecia con 30% de funcionarios como porcentaje del empleo total. Chile y México, registran 10%, Colombia, en cambio, está en el promedio mundial de 18% sobre el total de ocupados. No hemos avanzado en el mérito para la contratación de personal en las entidades públicas ni en los indicadores de medición de sus roles y funciones. No hay mucha coordinación de políticas, gestión pública y capacidad institucional para dar resultados de transformación. Si se avanza en esta tarea, se recuperará la confianza ciudadana en las instituciones y sus funcionarios, quienes son al fin de cuentas los que hablan y actúan por el Estado.

La alta gerencia de la burocracia colombiana: altos consejeros, ministros, directores, presidentes y superintendentes, casi siempre tienen ciclos muy cortos, menores al tiempo del Presidente, pero dentro de sus dependencias hay todo un ejército de funcionarios de carrera que han hecho del servicio público una vocación en sus vidas, pero en la mayoría de los casos no son competitivos ni competentes, tienen viejas costumbres de mediocridad laboral, corrupción y no les importa desarrollar los cargos para el bien del país. Quizá ponerle atención a quienes llegan al sector público sea el comienzo del fin de los problemas del subdesarrollo.