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El Gobierno Nacional debe avanzar en la reglamentación para darles a los bancos y a los constructores de infraestructura las garantías o la seguridad jurídica de que así será.
Por fin salió la Ley de Infraestructura que redundará en beneficio del desarrollo real de las grandes obras en concesión. Lo primero que se logró fueron los pliegos únicos, que no son la panacea de la contratación, pero sí actúan de antídoto en contra de la corrupción regional, pues garantiza que haya más oferentes en cada licitación y evita -de momento- las ofertas de contratación pública amarradas o diseñadas para un solo contratista.
El otro logró importante de la nueva Ley de Infraestructura sacada esta semana, tiene grandes repercusiones en el sistema financiero: los terceros -que financien un proyecto en proceso de nulidad- no se verán afectados por esa decisión y recibirán el pago de las obligaciones conforme a lo firmado. En adelante, se permitirá que los bancos asuman y terminen los proyectos si los contratistas o los concesionarios entran en dificultades; será una suerte de doble garantía en la ejecución de la obra en sí misma.
Las dos noticias son importantes al cierre de este 2017, pero el Gobierno Nacional debe avanzar en la reglamentación para darles a los bancos y a los constructores de infraestructura las garantías o la seguridad jurídica de que así será. Desde hace unos seis o siete años, el Gobierno Nacional se metió en un plan sin precedentes para borrar el rezago de las vías colombianas, que tenían atrasos de tres y cuatro décadas, pero en medio de ese afán y de abundante dinero público se hicieron malas contrataciones, saltaron escándalos como el de Odebrecht y Conalvías, al mismo tiempo que se frenó la contratación pública por la inseguridad en término de seguros y garantías a la que se vieron expuestos los capitales del sistema financiero.
La nueva ley aclara muchos de los problemas pendientes y se convierte en un motivo para que los bancos nacionales y extranjeros vuelvan a apostarle al sector de la construcción. Se definieron las reglas de juego que deben acelerar los cierres financieros de las concesiones pendientes, ojalá esas que llevan tres y cuatro años de anunciadas, pero que no están en ejecución. Hay docenas de proyectos en todo el país que necesitan créditos del sistema financiero local e internacional. Con la nueva norma no hay mucha disculpa para avanzar en hacerlas realidad y nuevamente reactivar un sector que le ha dado crecimiento al país en los últimos años.
No son muchos los proyectos neurálgicos con verdaderos cierres financieros, lío generado por los escándalos, la falta de claridad y la ausencia de reglas claras con los bancos, que al final son los que ponen el dinero. El gran problema es que la misma ANI informaba que había cierres financieros, pero solo eran simples cartas de intención, generado falsas expectativas a los usuarios, a la banca, a los constructores y a los inversionistas. Hubo una oleada de cierres financieros aprobados por la Agencia, pero sin desembolsos para que las obras comenzaran.
No es muy claro, pero en la ANI solo hay luz verde en cierres financieros para unas 20 autopistas 4G, pero hay unas 30 concesiones pendientes de los números reales y del respaldo financiero cierto. La ANI de manera preliminar exigía que cada proyecto presentara certificaciones de los bancos con los créditos aprobados, un paso que seguía en el limbo hasta la semana pasada y que era el Nudo Gordiano de la ejecución de las obras. Es un negocio de más de $13 billones de los cuales los bancos no han hecho desembolsos ni siquiera de $3 billones.
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