A la administración Santos se le debe reconocer (la historia se lo privilegiará) que le cambió el rumbo a la Colombia guerrerista, no solo en materia de conflicto interno sino con el vecindario, y que pasamos de discursos reiterativos cargados de violencia, a unos diálogos de paz en La Habana y a las primeras pinceladas de lo que será el posconflicto. Hay muchos colombianos de viejas generaciones especialmente, que se niegan a aceptar que la paz es viable, que hay que darle una oportunidad y que por más largo que haya sido el conflicto armado, que desangró al país todos estos años, existe siempre la alternativa de sentarse a conversar sobre asuntos cruciales para todos los compatriotas.
Los colombianos quieren la paz, pero no están dispuestos a pagar los costos. Este tipo de sentencias lapidarias se escucharon durante el panel ‘Lo que se puede negociar y no negociar desde la óptica del derecho internacional’ organizado por Fasecolda en el marco de la XXII Convención Internacional de Seguros. Luis Moreno Ocampo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional, reconoció los esfuerzos del Gobierno por declinar la violencia, investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad, pero se mostró en desacuerdo con la amnistía a las mencionadas faltas. Alfredo Rangel, director del Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, coincidió en que la justicia no se puede negociar, pero sí pidió ser más flexible en puntos que permitan trazar un marco de justicia transicional posconflicto como rebaja de penas, participación política y condiciones favorables para la desmovilización y reinserción. Y Antonio Navarro, ex dirigente del M19 dice que si la cárcel es lo que les espera a los cabecillas de las Farc esto no conducirá a firmar la paz (...) “Muchos de los que dicen apoyar el proceso quieren una paz que no es posible conseguir en la mesa de negociación, solo en el campo de la guerra”.
Hasta ahora ninguna universidad ni centro de investigación, le ha echado números a los costos del posconflicto al que se enfrentará el país en los próximos años. Solo nos hemos acercado al valor del conflicto armado en términos de destrucción material y de vidas humanas. Es decir, sabemos de los costos ya pagados, pero no en los que nos vamos a meter. Y la cuenta final no debe ser cuánto nos cuesta seguir en guerra hasta que se venzan los grupos guerrilleros versus cuánto le cuesta a las arcas nacionales recomponer el campo, mejorar la equidad social, hacer inversión social y sobre todo consolidar la seguridad en todos los rincones del país. Lo más probable, si lo miramos con ojos de contador, más barato es seguir en guerra hasta desangrar más generaciones, pero la verdadera grandeza de esta generación es sellar la paz para el futuro. La paz no aguanta ahorros sociales.
