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Ahora el nuevo régimen pensional colombiano está en manos del poder jurídico, todos los tribunales seguramente le darán forma a uno de los cambios más radicales del Gobierno
La reforma pensional propuesta por el Gobierno Nacional ya es una realidad legal y no hay que llorar sobre la leche derramada, tal como lo dicta el refranero popular. Los avances liderados por el Ministerio de Trabajo y Hacienda -aprobados por el Congreso de la República- se han convertido en la nueva norma, sustancial en lo que tiene que ver con la estructura general, pero quedan en el limbo muchas preguntas que deben empezar a tratarse desde los altos tribunales.
El primero es que la Corte Constitucional revise a fondo si el trámite de las aprobaciones estuvo bien y que tanto la Cámara como el Senado surtieran correctamente los pasos constitucionales que se deben cumplir al construir una ley, que quizá es el mayor problema.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con los derechos adquiridos en el llamado régimen de transición, hay muchos bemoles que deben ser aclarados correctamente con la reglamentación del nuevo régimen de las pensiones. Por ejemplo, en qué condiciones se jubilarán las personas que tienen más de 900 semanas cotizadas para el caso de los hombres y 700 para las mujeres; o las que cotizan en los fondos de pensiones privados que subsisten y tienen esas semanas y la edad respectiva. Si bien no existe como tal un régimen de transición, al no haberse cambiado la edad para la jubilación, hay muy poca claridad sobre los ahorradores que tienen su pensión en los fondos.
El grueso de los jóvenes colombianos, hasta ayer, ahorraban en fondos privados unos 17 millones de cuentahabientes, pero con el nuevo sistema, sus salarios mensuales determinarán cuánto dinero va a un fondo y cuánto empezará a engrosar su cuenta pensional en Colpensiones. Sobre eso no hay mucha pedagogía.
Otra cosa es preguntar qué sucederá con los adultos contemporáneos, entre 30 y 50 años que tienen salarios mensuales por encima de tres o cuatro mínimos; cómo va a ser la logística de los movimientos de dinero. Lo peor que puede suceder es que el sistema pensional entre en un limbo que nadie sabe nada, pues la ley en el Congreso nunca hizo un largo periodo de socialización y sensibilización. Pero el capítulo más preocupante tiene que ver con el futuro de Colpensiones, una entidad pública que debe catapultarse como un nuevo Ecopetrol, en términos de importancia para la economía de loscolombianos.
El manejo de recursos será enorme y requiere de personas más calificadas que las actuales. Todo ese dinero de los ahorradores que recibirá la entidad debe tener una administración y unas decisiones técnicas financieras blindadas para que no se convierta en dinero del bolsillo de los políticos; debe nacer una nueva entidad con un gobierno corporativo probo que tome decisiones financieras, no populistas y que no exista la tentación de este Gobierno Nacional y de los venideros para convertir el dinero de las pensiones en plata de bolsillo, para dar subsidios o para regalar obras con dinero de todos los que trabajan por su pensión. Era necesario el ajuste pensional después de tres décadas de la Ley 100, y a la voz de los más expertos, es una reforma necesaria, no tan mala como se señalaba.
La Colombia de hoy es otra, el mundo es distinto, los jóvenes tienen otros retos, y cómo pensionarse es una de esas tareas, lo importante es que las Cortes no sean inferiores y revisen a fondo la nueva norma y se construya sobre lo mejor de la idea.
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